El argumento oficial fue que la medida “forma parte de un proyecto de simplificación normativa que ya dio pasos concretos para el sector, como con la eliminación del régimen de precios de referencia para bovinos y también con el esquema obligatorio de horarios de faena y la quita de aranceles y requisitos innecesarios para los exportadores”.

“Todas estas iniciativas están orientadas a facilitar la operatoria de los actores de la cadena y a modernizar la relación con el Estado”, añade el texto, recurriendo al uso de la palabra modernización para disfrazar más ajuste.

Además, el Ejecutivo justificó la medida al afirmar que “se trata de normas que ya no se aplican ni son observadas por el sector privado, ni monitoreadas por el Estado; que imponen herramientas superadas por sistemas más modernos y digitales; o que directamente no se ajustan al funcionamiento real de la industria”.

“El objetivo es que todos los operadores de la cadena cárnica cuenten con una base única de reglas claras, que les permita trabajar con previsibilidad y potenciar la inversión y el desarrollo de una industria más moderna y competitiva”, finaliza el texto.