¿Intento de estafa, o algo más turbio?

La pregunta inevitable es: ¿Qué buscaban los hackers en el teléfono del juez supremo? ¿Se trató solo de un intento de robo de datos con fines de lucro, o hubo una intención de obtener material privado con intenciones de otro tenor, quizás político o judicial?

Si bien la hipótesis de una estafa al estilo "cuento del tío" no puede descartarse, la naturaleza del objetivo y la potencial vulnerabilidad de la información que podría tener Rosatti en su teléfono sugieren una maniobra de mayor envergadura con implicaciones políticas y judiciales.

La posibilidad de que se trate de una simple estafa telefónica resulta simplista, dada la posición de Rosatti como presidente de la Corte Suprema. El acceso a su información privada podría comprometer su seguridad personal, su reputación e, incluso, la independencia del Poder Judicial.

En este contexto, la maniobra podría interpretarse como un intento de intimidación, un mensaje velado destinado a influir en sus decisiones y acciones. Más cuando se tiene en cuenta que la Corte Suprema tiene en sus manos la resolución de la Causa Vialidad, en la que está implicada por corrupción la ex presidente Cristina Fernández Kirchner.

Con la reciente caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, el nombre de la "Jefa de la banda" volvió a recobrar un peso significativo en el tablero político. Pero un dictamen de la Corte Suprema podría embarrar enormemente el camino de "CFK" hacia las urnas.

Sin ir más lejos, esta posibilidad se planteó sobre la mesa recientemente, cuando otro de los jueces supremos, Ricardo Lorenzetti, anticipó que el máximo tribunal tenía intenciones de dar veredicto sobre le caso antes de la feria judicial, lo que enfureció a "La Yegua".

De inmediato, Cristina se agarró de los dichos del juez para recusarlo, mientras que el propio Lorenzetti le pidió a los otros dos magistrados (Rosatti y Carlos Rosenkrantz) que rechacen la solicitud de la acusada para apartarlo de la causa.

Si bien no hay pruebas que indiquen alguna relación directa, vale recordar que no es la primera vez que el nombre de Cristina aparece ligado con "cosas raras" que suceden en torno a funcionarios del poder judicial. La muerte sin esclarecer del fiscal Alberto Nisman, por ejemplo, pesa como un gran interrogante en el que todos señalan a CFK como responsable.

No obstante, la línea entre la estafa y la intimidación se difumina en el ciberespacio. Un acceso exitoso, incluso motivado inicialmente por fines económicos, podría derivar en la posterior utilización de la información obtenida para presionar o desacreditar al magistrado.

En definitiva, la investigación exhaustiva de este incidente resulta crucial. Es imperativo esclarecer las motivaciones detrás del intento de hackeo, determinar la identidad de los responsables y evaluar la magnitud de los daños potenciales.

Solo así se podrá discernir si se trató de un simple engaño o de una acción deliberada para socavar la independencia del Poder Judicial y la integridad de uno de sus máximos representantes.