La realidad nacional, sin embargo, no espera. Según datos oficiales, en el año dos mil veinticuatro se registraron 3894 víctimas fatales por siniestros viales, de las cuales el 46 por ciento ocurrió en rutas nacionales. En abril de este año, nueve personas murieron, en su mayoría motociclistas, en distintos puntos del país.

Pero el dato más alarmante no es solo la cifra, sino la retirada del Estado. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reconoció que se han reducido las inspecciones mecánicas, operativos de control, fiscalización y campañas de prevención, todo en línea con la motosierra oficial. Menos patrullajes, menos controles de alcoholemia, más muertes.

La presencia de Scarpinelli en el exterior desató la crítica inmediata de organizaciones de víctimas y legisladores opositores. Desde el Congreso, Juntos por el Cambio presentó un proyecto para declarar la emergencia vial, alertando que “cada día sin acción se traduce en más víctimas”. El proyecto duerme en comisión.

Mientras tanto, desde Vialidad Nacional, se denunció que se reasignaron partidas destinadas a conservación de rutas hacia gastos corrientes. Las prioridades del ajuste parecen claras: se recortan los baches, pero no los viajes.

Desde el oficialismo, defienden el viaje como “una experiencia de formación”. Pero voces críticas remarcan que “la capacitación sin implementación local es puro marketing institucional”. Aprender sobre seguridad vial mientras se abandonan rutas no es liderazgo, es cinismo con viáticos.

Scarpinelli regresará a fin de mes. Prometió traer un informe con propuestas. Mientras tanto, la red vial argentina se sigue cobrando vidas a razón de diez muertes por día, y la gestión libertaria continúa sin declarar ni emergencia ni vergüenza.