En continuidad con esta política, el área liderada por Luis Perrini detalló que los ahorros se concretaron a través de un plan exhaustivo de eficiencia administrativa. Este incluyó la supresión de 277 cargos jerárquicos, la desvinculación de 1.897 trabajadores —equivalente al 8 por ciento de la plantilla—, una reducción del 73 por ciento en horas extras y la eliminación de costos considerados superfluos, como los destinados a intercomunicaciones, seguridad privada y mantenimiento cotidiano.

Asimismo, el Gobierno de Javier Milei enfatizó que los recortes continuarán para garantizar la sostenibilidad de la empresa. En los próximos meses, se proyecta que el número de empleados no supere los 20.000, consolidando así una estructura más austera que facilite su eventual privatización.

Por último, la estrategia oficial apunta a reordenar las finanzas de Trenes Argentinos, revisando contratos y eliminando gastos innecesarios. Con estas medidas, el Ejecutivo dice querer posicionar a la empresa como un activo atractivo para el sector privado, en línea con su objetivo de reducir la intervención estatal en el sistema ferroviario, pero el resultado parece ser el despojo del histórico ferrocaril estatal.