La obra social lanzó una investigación interna para transparentar sus procesos de compras y contrataciones, y evitar que sus oficinas sean "una caja negra al servicio de la política".

En Posadas, el abogado Adrián Nuñez, líder de La Libertad Avanza (LLA) en Misiones, fue acusado ante la Justicia Federal de haber exigido a funcionarios de PAMI y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) un 10 por ciento de sus haberes para su partido.

La denuncia, presentada por el afiliado Samuel Doichelle, incluye capturas de chats y comprobantes de transferencia que revelarían los cobros durante al menos 2 meses.

Nuñez, por su parte, aseguró que se trató de "un malentendido entre privados" y que su espacio ya remitió el caso al Tribunal de Disciplina interno.

El jueves 1 de mayo, PAMI anunció que iniciará una auditoría general sobre las contrataciones y compras de sus 240 delegaciones en el país. Un comunicado oficial advirtió que aquellas oficinas que "continúen con prácticas opacas" enfrentarán sanciones administrativas y eventuales denuncias penales.

En Santa Rosa, la interna de LLA está fracturada en al menos 3 sectores. Victoria Rambud, apoderada provincial, acusó a Julio Jamad de recibir transferencias de empleados del PAMI en una cuenta bancaria personal. Jamad admitió los depósitos, pero los calificó como "aportaciones voluntarias" para sostener la sede y las actividades partidarias.

Mientras tanto, Luciano Ortíz, jefe local de PAMI y referente de LLA, enfrenta un proceso de reordenamiento político que incluyó la tentativa de designación de Juan Pablo Patterer, rechazada por la justicia en febrero.

En Caleta Olivia, Santa Cruz, el exdirector de la filial, Sergio Torres, fue separado de su cargo tras denunciar a sus superiores por exigir aportes.

Torres presentó una denuncia por cohecho ante la justicia provincial y federal, y afirmó que su despido fue represalia por negarse a obligar a una médica a pagar un 10 por ciento de su salario.

Por su parte, se sumaron querellas contra el director provincial Jairo Guzmán y el coordinador Lucas Mansilla por presuntas sustracciones de cámaras de seguridad y mobiliario de PAMI.

Fuentes internas de PAMI informaron que también hay denuncias similares en delegaciones de Chaco y en el área de compras de Mendoza. En la provincia cuyana, aunque no hubo denuncias públicas por aportes partidarios, se investiga la presunta inflada de precios en licitaciones, donde siempre resultan adjudicatarios los mismos proveedores.

El conjunto de estas denuncias pone en jaque la gestión de Esteban Legúizamo, director nacional de PAMI, y obliga al organismo a adoptar medidas de control más rigurosas para proteger los recursos de más de cinco millones de jubilados y pensionados.