Las autoridades celebraron la eliminación parcial del cepo cambiario, la implementación de un sistema de bandas cambiarias y el endurecimiento de la política monetaria como medidas para restaurar la confianza y atraer inversiones. Sin embargo, los resultados concretos distan mucho del relato oficial.

Según el informe de marzo de 2025, las reservas del Banco Central vienen cayendo sostenidamente desde noviembre de 2024, generando alarma en los mercados por la posible imposibilidad de afrontar pagos de deuda en dólares.

Aunque el Gobierno afirma que ha acumulado más de 6.000 millones de dólares desde el cambio de gestión, solo una fracción mínima se ha traducido en reservas netas efectivas, mientras se siguen destinando divisas a intervenciones en el mercado financiero y a pagos de deuda externa.

El tipo de cambio real muestra una apreciación constante, producto de que la tasa de devaluación oficial está sistemáticamente por debajo de la inflación. Esta situación genera un marcado atraso cambiario, que afecta la competitividad de las exportaciones y favorece una expansión de las importaciones, debilitando el ya escaso superávit comercial.

De hecho, en los primeros meses del año el saldo positivo del comercio externo se redujo de manera significativa, y se espera que continúe en descenso si no se produce una corrección abrupta del tipo de cambio.

Por otro lado, el supuesto "orden fiscal" que el Gobierno exhibe como ancla del programa económico se sostiene gracias a un fuerte ajuste del gasto público, que crece por debajo de la inflación.

Sin embargo, varias partidas sensibles —como jubilaciones, salarios públicos y asistencia social— ya muestran signos de licuación, con un impacto directo en el poder adquisitivo y el consumo. A pesar del superávit primario registrado en enero, persisten alertas sobre la sostenibilidad del ajuste, especialmente considerando que algunas erogaciones se ajustan por inflación pasada, lo que podría presionar las cuentas fiscales en los próximos meses.

La actividad económica, lejos de mostrar una recuperación robusta, se mantiene en una dinámica heterogénea y frágil.

Si bien algunos indicadores como el estimador mensual de actividad (EMAE) y la producción industrial crecieron en diciembre de 2024, sectores clave como la construcción se desploman interanualmente, y el consumo continúa golpeado por la caída del salario real.

Los datos del INDEC reflejan que, a fines de 2024, los ingresos del sector público formal cayeron un 1,7 por ciento en términos reales, mientras que los trabajadores informales apenas lograron una recuperación marginal.

La inflación, por su parte, se ha estabilizado en niveles mensuales del 2 por ciento desde noviembre de 2024, muy lejos de la meta del 1 por ciento que el Gobierno se fijó para el año. La inercia inflacionaria, junto con la posibilidad de una corrección cambiaria, pone en duda el sendero de desinflación que el Ejecutivo pretende consolidar.

Además, el tope de aumentos salariales del 1 por ciento mensual impuesto en las negociaciones paritarias refuerza el deterioro del poder adquisitivo, alimentando un círculo vicioso de menor consumo y menor actividad.

En este contexto, el tan promocionado nuevo régimen de tipo de cambio con bandas, pactado con el FMI, parece una solución transitoria e inestable. Las presiones devaluatorias no desaparecen y la economía real continúa debilitándose, mientras el Gobierno insiste en presentar un relato de éxito sustentado únicamente en variables financieras.

El panorama general, lejos de mostrar una economía en recuperación, exhibe una preocupante fragilidad estructural, una creciente dependencia de deuda externa y una estrategia de ajuste que golpea directamente a los sectores más vulnerables.

Las promesas de estabilidad, crecimiento e inversión parecen, por ahora, una ficción insostenible ante la dura realidad económica del país.