La ciudad bonaerense, golpeada por inundaciones que dejaron 16 muertos, más de 100 desaparecidos y miles de evacuados, clama por fondos públicos para su reconstrucción. Sin embargo, Milei optó por engrosar las arcas de la SIDE, un organismo que opera con discrecionalidad y sin obligación de rendir cuentas al Congreso o al Ejecutivo sobre el uso de estos recursos.

Según el Gobierno, los 7.366.286.591 de pesos servirán para “mejorar los servicios de defensa y seguridad” bajo el programa “Información e Inteligencia”. De estos, 6.344 millones de pesos se destinarán a gastos corrientes —como sueldos, bienes de consumo y servicios— y 1.022 millones de pesos a gastos de capital.

La decisión llega en un contexto de ajuste y desdén por el debate parlamentario: el oficialismo se negó a discutir una nueva ley de presupuesto para 2025, prorrogando el de 2023. Mientras tanto, los 7.366 millones ded pesos podrían haber sido un alivio para los vecinos de Bahía Blanca, que aún enfrentan las consecuencias de la tragedia. En lugar de eso, el dinero se canalizó a una estructura opaca, con 4.323 millones de pesos asignados a servicios no personales —incluidos los polémicos gastos reservados— y 885 millones de pesos para personal de inteligencia.