El Gobierno de Javier “Jamoncito” Milei sigue tocando fondo en la y no contento con haber apaleado a los “viejos meados” que reclamaron por mejoras en las míseras jubilaciones que cobran, se las agarró también con la franja etaria opuesta -pero igual de frágil socialmente- y le pasó la motosierra a una parva de programas de asistencia para niños y adolescentes. A través de diversas resoluciones, el Ministerio de Capital “In-Humano”, liderado por Sandra Pettovello, ha dado de baja un total de 11 programas sociales y culturales destinados a este grupo vulnerable. La justificación oficial, similar a otras medidas de ajuste, se centra en la necesidad de "lograr una buena gestión y administración eficiente de los recursos" y "readecuar y unificar la normativa que implique la duplicidad de programas". Esta decisión llega en un contexto socioeconómico particularmente crítico. Según el último informe de pobreza del INDEC, el 66 por ciento de los niños menores de 14 años en Argentina son pobres, y un preocupante 27 se encuentra en situación de indigencia. En este escenario, la eliminación de programas que brindaban apoyo crucial a este sector genera considerable preocupación. ¿Qué programas fueron eliminados? La lista de programas cancelados abarca una amplia gama de iniciativas, diseñadas para abordar diversas necesidades de la infancia y la adolescencia: • Participar en Comunidad: Este programa promovía la articulación entre instituciones y organizaciones comunitarias para responder a las necesidades locales, especialmente de los sectores más vulnerables. • Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos: Su objetivo era fortalecer a los niños como sujetos de derechos, promoviendo su divulgación y garantizando su desarrollo pleno e integración familiar y comunitaria. • Espacios Unzué, Sarmiento, Crescencia Boado de Garrigós y Colonia Gutiérrez e Inchausti: Estos espacios buscaban promover la convivencia familiar y fortalecer el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, instando a la corresponsabilidad entre organizaciones públicas y privadas. • Centros de Referencia: La normativa que regulaba su funcionamiento también fue anulada. • Jugando Construimos Ciudadanía y Programa Nacional de Derecho al Juego (JUGAR): Estas iniciativas buscaban promover el derecho al juego en niños y adolescentes de 0 a 17 años, generando conocimiento sobre la temática. • Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Socio Comunitarias: Su propósito era garantizar el derecho al descanso, el esparcimiento, el juego y las actividades recreativas. • Consejo Consultivo de Adolescentes y Programa Nacional de Derechos a la Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes: Estas iniciativas buscaban fomentar la participación ciudadana de los jóvenes. • Unidad Técnica para el Abordaje Integral de Derechos: Eliminada argumentando funciones repetidas y superpuestas. • Departamento de Salud Integral: Su objetivo era brindar asistencia directa a niños y adolescentes alojados en instituciones dependientes de la Secretaría de Niñez. • Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad: Diseñado para proteger a menores cuyas madres estuvieran detenidas. • Línea Activar: Eliminada sin mayores detalles. Tenía como objetivo "el establecimiento de diversas acciones de trabajo con adolescencias, abordadas desde una multiplicidad de acciones tendientes a fortalecer espacios de encuentro y participación, que reforzaren los lazos comunitarios y la autonomía progresiva de los adolescentes". La eliminación de estos programas ha generado un intenso debate. Si bien el Gobierno argumenta la necesidad de optimizar recursos y evitar duplicidades, lo cierto es que lejos de aplicar las medidas de “ahorro” en la casta y en los sectores que realmente no necesitan más ayuda, la motosierra de Milei se ensaña una vez más -como en el caso de los jubilados- con quienes más necesitan de la presencia del Estado. Desde múltiples sectores han señalado con certeza que la medida tendrá un impacto negativo en la calidad de vida y el desarrollo de niños y adolescentes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, cuya gravedad se ha incrementado justamente desde que el “Peluca” comenzó a desguazar el Estado y al mismo tiempo detonó la economía del país.

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