“Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer”, declaró Francos en radio Mitre, intentando desviar la atención de lo que realmente sucedió: jubilados reclamando por sus haberes, un Gobierno que los ignora y fuerzas de seguridad que reprimieron con violencia desmedida.

La protesta, que forma parte de las manifestaciones semanales de jubilados en defensa de sus derechos, terminó con una brutal represión que dejó heridos y más de 120 detenidos.

Entre las víctimas de la violencia policial, se encuentra un fotoperiodista que recibió un impacto en la cabeza y pelea por su vida en el hospital Ramos Mejía. Sin embargo, para el Ejecutivo, la verdadera amenaza no es el hambre ni la injusticia social, sino quienes se animan a protestar contra el saqueo que está llevando adelante Javier Milei y su gabinete.

Como es costumbre en este Gobierno, Francos defendió el accionar represivo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y dejó en claro que cualquier manifestación contra el ajuste será respondida con violencia. “Los violentos que insistan con este tipo de protestas van a ser reprimidos como corresponde”, sentenció sin el menor atisbo de autocrítica.

Además, el jefe de gabinete lanzó otra acusación sin pruebas, asegurando que en la protesta hubo personas con armas de fuego, tumberas y cuchillos, intentando instalar la idea de que se trató de un acto criminal y no de una manifestación legítima. Con este discurso, el Gobierno no solo criminaliza la protesta social, sino que además busca justificar el accionar brutal de las fuerzas de seguridad.

Como si esto fuera poco, Francos también arremetió contra la Justicia por haber liberado a la mayoría de los detenidos. “Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza”, se quejó, dejando en claro que el objetivo del Gobierno no es la justicia, sino la persecución política y el disciplinamiento social.

La jueza Karina Andrade, en su fallo, dejó expuesto el cinismo del Ejecutivo al recordar que el derecho a la protesta está garantizado constitucionalmente y que, en este caso, quienes se manifestaban eran adultos mayores, uno de los sectores más castigados por las políticas de ajuste. Pero para Francos y su Gobierno, cualquier reclamo legítimo es un intento de golpe de Estado.

El relato oficialista intenta encubrir lo que resulta cada vez más evidente: el Gobierno de Milei no tiene respuestas para los jubilados, los trabajadores ni los sectores populares, solo represión y discursos delirantes para justificar el saqueo y el empobrecimiento masivo.