Su discurso, cargado de exageraciones y una evidente intención de criminalizar la protesta social, buscó instalar la idea de que la movilización fue un intento de desestabilización del gobierno.

Bullrich insistió en la presencia de “barras bravas”, “grupos kirchneristas” y personas con antecedentes penales, en un relato sin pruebas concretas que parece sacado de su manual represivo: “Uno de los que está preso, que dicen que es periodista, estaba en el Ministerio de Justicia y era candidato de Lanús de Julián Álvarez. Se llama Pablo Grillo, es un militante kirchnerista que trabaja en la Municipalidad de Lanús”.

Lo cierto es que el fotógrafo de 35 años recibió un impacto en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno y quedó internado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía, donde ahora lucha por su vida.

Según su versión, el supuesto grupo organizado tenía la intención de generar caos y enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, lo que quedó en evidencia fue el accionar brutal de la policía, que respondió con balas de goma, gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias contra manifestantes que ejercían su derecho a la protesta.

La ministra se jactó de haber secuestrado armas y objetos contundentes, pero omitió mencionar las imágenes que mostraron cómo la policía avanzó con una ferocidad desmedida, golpeando y arrestando a ciudadanos sin justificación alguna.

Además, intentó instalar la teoría de que los manifestantes querían “tomar el Congreso”, cuando en realidad fueron las propias fuerzas de seguridad quienes convirtieron la zona en un campo de batalla, reprimiendo sin distinción.

En una muestra más de su discurso punitivista, Bullrich confirmó que recibió un llamado de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y presionó para que los clubes expulsen a hinchas que participaron de la marcha.

Su intención de imponer castigos sin juicio previo refleja su concepción autoritaria de la seguridad, donde cualquier ciudadano que se manifieste en contra del gobierno es tratado como un delincuente.

Como si no bastara con el despliegue represivo, la ministra adelantó que endurecerá aún más su ya polémica “Ley Anti Barras”, con la que busca profundizar la persecución a sectores populares. Su objetivo es claro: estigmatizar y criminalizar cualquier forma de organización que desafíe el ajuste del gobierno.

El saldo de la jornada fue claro: heridos, detenidos y un avasallamiento de derechos que Bullrich intenta disfrazar de “defensa del orden”. Mientras tanto, su retórica violenta y su obsesión con la represión confirman que su modelo de seguridad se basa en el miedo y en el uso desproporcionado de la fuerza.

Su mensaje final, asegurando que “la violencia no se va a instalar nunca más en la Argentina”, es una ironía perversa cuando es su propia gestión la que promueve la violencia desde el Estado.