La ministra Patricia Bullrich, como responsable del operativo, desplegó más de mil efectivos, aplicando el "protocolo antipiquetes" que solo sirvió para agredir a aquellos que, con todo el derecho, pedían un poco de dignidad.

La represión no se limitó solo a los manifestantes. Los medios de comunicación también fueron blanco de la brutalidad policial, como el equipo de NOVA, que fue atacado mientras cubría los hechos.

En las imágenes, se puede ver cómo las fuerzas de seguridad no discriminaron entre quienes estaban en la protesta y quienes solo transitaban por la zona. El resultado: decenas de heridos, algunos hospitalizados, y una comunidad indignada ante lo sucedido. Pero la violencia no es una sorpresa bajo el gobierno de Javier Milei. Este episodio refleja la intolerancia y el desprecio hacia los sectores más vulnerables.

Los jubilados, que reciben haberes cada vez más insuficientes para hacer frente a la inflación, fueron tratados como criminales por reclamar lo que les corresponde por derecho. La respuesta de este Gobierno no fue el diálogo, sino el uso desmedido de la fuerza.

Las palabras del diputado Juan Carlos Giordano, quien calificó al gobierno como "un Gobierno asesino y criminal", resuenan con fuerza. La manifestación, que inicialmente se concentraba en la mejora de haberes y condiciones de vida, se transformó en una muestra clara del autoritarismo de un régimen que prefiere la represión antes que las soluciones.

El Gobierno de Milei y Bullrich no solo mostró su ineficiencia para gestionar los reclamos populares, sino también su cara más cruel. En lugar de dar respuestas, prefieren usar la violencia para callar a quienes ya han sido olvidados por el sistema.

El colmo de este acto represivo es que incluso la clase política, representada por los diputados de izquierda y Unión por la Patria, tuvo que salir en defensa de los jubilados, mientras que la violencia del Estado se desbordaba en las calles.

Eso no es todo, ya que la policía de Bullrich desató una cacería en plena marcha de jubilados y terminó con un fotógrafo al borde de la muerte. Pablo Grillo, reportero gráfico, recibió un cartuchazo de gas lacrimógeno en la cabeza que le destrozó el cráneo, dejándolo en estado crítico.

Mientras era operado de urgencia, Patricia Bullrich, en lugar de preocuparse, justificaba el ataque diciendo que era "un militante kirchnerista", como si eso convirtiera en legítimo que le volaran la cabeza. La represión dejó un saldo de ancianos golpeados, niños afectados por gases y más de 60 detenidos, pero para el gobierno todo parece ser parte del “orden” que tanto promocionan.

¿Hasta cuándo el pueblo va a ser tratado como enemigo por su propio Gobierno? Esta jornada nos dejó una reflexión dolorosa: el desprecio hacia nuestros mayores, hacia los más vulnerables, es parte de una política que busca acallar a la disidencia y empujar a los más necesitados al abismo.

Este es el "proyecto" de Javier Milei y Patricia Bullrich: un país donde los derechos humanos se violan en nombre de un ajuste económico que solo afecta a los que menos tienen.

Este escenario no hace más que confirmar lo que muchos ya intuíamos: con este gobierno, las protestas pacíficas se convierten en batallas. Lo que antes era un derecho democrático, ahora se castiga con represión brutal.