Esta vez, la protesta contará con un respaldo inédito: hinchas de diversos clubes de fútbol prometieron acompañar a los adultos mayores, hartos de ver cómo la Policía Federal los golpea semana tras semana.

Sin embargo, lejos de escuchar, el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, emitió un comunicado amenazante, catalogando la movilización como “la marcha de las barrasbravas” y advirtiendo con castigos severos.

“Serán rigurosos con quienes provoquen disturbios”, reza el texto oficial, prometiendo identificar, detener y aplicar la Restricción de Concurrencia Administrativa —prohibiendo el ingreso a estadios— a quienes osen alterar el orden. El mensaje, publicado en X, invoca el artículo 194 del Código Penal, que pena con hasta dos años de prisión a quien “impida o entorpezca” servicios públicos, una clara advertencia de criminalización. Esta postura no solo anticipa represión, sino que busca amedrentar a los hinchas, cuya solidaridad con los jubilados ha puesto nervioso al Ejecutivo.

La escalada represiva no es nueva. Hace semanas, los adultos mayores son blanco de gases lacrimógenos y golpes cuando reclaman frente al Congreso. Myriam Bregman, ex legisladora de izquierda, denunció: “Toda esta brutalidad tiene un alto contenido preventivo: dentro de 20 días, miles ya no podrán jubilarse”.

Para ella, Milei ajusta a los más vulnerables para pagar al FMI, mientras la oposición y entidades como la Unión de Escritoras y Escritores exigen respeto a los derechos y el cese de la violencia estatal.

El Gobierno libertario, que dice garantizar “seguridad ciudadana”, ignora que los jubilados no son vándalos, sino víctimas de un sistema que les niega lo básico. La presencia de hinchas, lejos de ser una amenaza, es un grito de apoyo a quienes Milei abandona. Este miércoles, la represión anunciada no solo será un ataque a los mayores, sino una bofetada a la solidaridad popular.