Mencionó que la reválida del año 2023 la realizó la escuela de guardavidas del Isef (Instituto Superior de Educación Física) y eso les permitió trabajar la temporada 2024-2024. Con los resultados de la misma, remiten al CGE (Consejo General de Educación) los resultados para que la Secretaría de Deportes refrende lo que las escuelas envían”, detalló.

Lo mismo hicieron este año, pero el municipio, en forma unilateral, decidió realizar una reválida provincial que quedaba a cargo de la Secretaria de Deportes. El guardavidas indicó que eso no está contemplado en la ley. “Los guardavidas rinden la reválida ante la escuela de guardavidas”, indicó.

Ante esa situación, decidieron presentar un recurso de amparo en la Justicia para que la selección se realice como era lo habitual. Pero el juez interviniente decide, como una solución alternativa, una tercer reválida.

El guardavidas explicó que en ninguna ciudad del país se tomaron tres reválidas (la del Isef, la del municipio y la resuelta en Tribunales) para una temporada de verano. A pesar de ello, se presentaron de igual modo el 17 de diciembre. “Tenemos dos reválidas aprobadas: la del Isef y la de la Justicia”, expresó.

Simultáneamente, el municipio ya había contratado varios guardavidas que no formaban parte del sindicato Sugara (Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina), por lo tanto, a mediados de diciembre solo tomaban para completar los cupos faltantes.

Cuando se dieron cuenta de que estaban quedando afuera 26 guardavidas, enviaron un telegrama. Pero la respuesta fue negativa. Desconocieran la antigüedad y afirmaban que, a partir de ese momento, quedaba concluido el intercambio epistolar. "Es decir que la Municipalidad cortó el diálogo con nosotros del plantel estable”.

Debido a esta decisión unilateral tomada por el Gobierno municipal encabezado por Francisco Azcué, se presentaron en la Justicia para iniciar un proceso judicial por los haberes de diciembre y la reincorporación. Pero más adelante, dependiendo del resultado de la primera demanda, sobrevendrá otro de indemnización por todos los años trabajados. Penco recordó que comenzó a trabajar como guardavidas en 1976.

Y luego viene otro juicio por “daños morales y perjuicios profesionales” al secretario de Salud, Diego Sauré, quien dijo en varias notas que estaban “viejos”, “enfermos” y que no estaban físicamente en condiciones para trabajar.

Otra de las denuncias contra el intendente de Concordia, involucra a concejales justicialistas quienes señalaron que son perseguidos ideológicamente por el jefe de Gobierno municipal, Azcué.

La secuencia se inició con el despido de Odorisio, días atrás de un periodista conocido por su labor en el periodismo de investigación y por sus opiniones en temas sensibles que no siempre son cómodas para el poder de turno, se trata de una desvinculación de la radio pública que deja en evidencia la intención de esta gestión de silenciar voces críticas, atentando de este modo contra la libertad de expresión y el pluralismo democrático.

Desde el Bloque recordaron, además, que en su momento acompañaron al Ejecutivo en la reestructuración de Radio Ciudadana, bajo el compromiso asumido por el intendente Francisco Azcué de no despedir trabajadores ni vulnerar derechos laborales, algo que a la vista no cumplió, siendo este despido una contradicción a las promesas realizadas por el intendente.

El bloque destacó además la contradicción del actual intendente, quien hace poco más de un año, en plena campaña, denunció a la gestión anterior (Enrique Cresto), por un caso de persecución ideológica contra una enfermera militante. En aquel momento, Azcué solicitó la intervención del Ejecutivo para garantizar los derechos laborales de la trabajadora afectada, siendo paradójico que quien en su momento denunció persecución ideológica, hoy sea el responsable de repetir esas mismas prácticas contra quienes piensan distinto.

Y una de las más resonantes denuncias contra el Ejecutivo concordiense, tiene que ver con los Carnavales, prometió eliminar las entradas protocolares para funcionarios en el Carnaval 2025, asegurando austeridad, transparencia y el fin de algunos privilegios de la "casta".

Agregando que no habría entradas ni mesas protocolares para funcionarios, concejales ni autoridades políticas, incluyendo al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Azcué afirmó que si el gobernador deseaba asistir, debería pagar su propia entrada o lo invitaría él pagando con dinero de su bolsillo.

Sin embargo Sin embargo, y fiel al estilo "doble vara", los hechos acontecidos, sugieren que la prometida austeridad sería solo una fachada. Ocurre que trascendió que los concejales oficialistas, aparentemente gracias a gestiones del Ejecutivo, habrían utilizado una mesa protocolar. Este privilegio, que contradice directamente la promesa del intendente, se estaría ejerciendo sin el conocimiento del presidente del Ente de Carnaval, Luis Sánchez.

Mientras el relato de Francisco Azcué, (La baja de tasas, el Pacto de Julio, la Ficha Limpia, la auditoría que iba a echar luz sobre los sótanos de la administración municipal, el cese de las persecuciones ideológicas de trabajadores del municipio, tiene la misma firmeza que el Jenga.