La presentación describe un patrón sistemático de violencia económica que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional ya ha considerado probado en una contundente resolución.

La historia detrás del meteórico ascenso de Auth0 esconde una realidad perturbadora.

Mientras la empresa se convertía en un referente global en seguridad informática, procesando más de 100 millones de autenticaciones diarias para gigantes como Mozilla, AMD y Siemens, su cofundador habría estado ejecutando lo que la justicia describe como "una práctica continuada de desinformación y desempoderamiento económico" contra su entonces esposa.

"Nunca me ponía a mí como co-titular de ninguna cuenta o adquisición de bienes", declara Luis en su presentación, describiendo un método de control que incluía la firma sorpresiva de documentos sin tiempo para análisis o consulta legal.

El tribunal ha considerado "inverosímil que la querellante voluntariamente renunciara, si no existió ocultamiento, a la obtención de parte de los bienes de la sociedad conyugal".

La magnitud de la desproporción es históricamente escandalosa: mientras Luis recibió un departamento valuado en 170 mil dólares en la liquidación de bienes conyugales, la participación de Woloski en Auth0 alcanzaría los 2145 millones. Esta diferencia representa apenas el 0,016 por ciento del valor real de los activos que legalmente le corresponderían.

El esquema habría involucrado la constitución de múltiples sociedades en distintas jurisdicciones, incluyendo Delaware y las Islas Vírgenes Británicas, en una estructura que la presentación caracteriza como diseñada específicamente para el ocultamiento patrimonial. Particularmente llamativo resulta el rol de Token Ventures Ltd, constituida en un conocido paraíso fiscal.

La investigación señala además el papel crucial que habrían jugado los padres de Woloski, Mario Woloski y Susana Gorn, quienes no solo habrían colaborado en el esquema de ocultamiento patrimonial sino que habrían instigado activamente estas maniobras. La denuncia describe un sistemático patrón de marginación que incluyó el destrato laboral en la empresa familiar Cacho Suspensión SA.

El proceso de venta a Okta presenta serios interrogantes. La empresa californiana, cotizante en el mercado estadounidense y sujeta a estrictas regulaciones de la SEC, habría omitido verificaciones fundamentales exigidas por la legislación estadounidense.

La presentación señala que no se informó el carácter ganancial de la porción accionaria de Woloski ni los graves riesgos legales derivados del incumplimiento de la legislación argentina aplicable.

A pesar de la contundencia de los indicios señalados por la Cámara y la magnitud de los montos involucrados, la causa enfrenta una inexplicable resistencia institucional.

El fiscal interviniente ha sido recusado ante su persistente reticencia a investigar, en lo que la presentación caracteriza como un grave apartamiento de sus obligaciones legales de impulsar la acción pública y proteger los derechos de las víctimas de violencia de género.

En este contexto, genera perplejidad en la comunidad jurídica la estrategia procesal desplegada por la defensa de Woloski, a cargo del reconocido penalista Pablo Lanusse.

El letrado, que construyó su reputación profesional combatiendo la corrupción desde su rol como fiscal federal en casos emblemáticos como la "mafia del oro" y que actualmente representa al ex presidente Mauricio Macri, ha planteado la prescripción de la acción penal pretendiendo reducir un complejo entramado de fraude continuado y violencia económica de género a una simple estafa instantánea.

Esta postura fue desautorizada por la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, en un giro procesal que genera interrogantes, la defensa insiste ahora en direccionar un recurso extraordinario hacia el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invocando una interpretación cuestionable del reciente fallo "Levinas" de la Corte Suprema.

Parece difícil conciliar la defensa de un caso de estas características con una trayectoria construida precisamente persiguiendo el tipo de conductas que aquí se denuncian.

La cuestión adquiere especial relevancia considerando que se trata de un presunto fraude internacional agravado por violencia de género, precisamente el tipo de conductas que tradicionalmente han sido objeto de condena por parte del letrado defensor.

El contraste entre el compromiso histórico de Lanusse con la transparencia y su actual posicionamiento procesal plantea interrogantes que trascienden lo estrictamente jurídico.

Fuentes judiciales señalan que la estrategia de direccionar el caso hacia el Tribunal Superior local, cuyos magistrados fueron designados durante la gestión del PRO, partido al que el letrado se encuentra vinculado profesionalmente, genera preocupación institucional.

El caso promete nuevos capítulos. La presentación judicial solicita medidas urgentes, incluyendo la inhibición general de bienes de todos los denunciados y la intervención judicial de Auth0 Argentina SA. También requiere cooperación internacional para identificar y asegurar activos en Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas.

Mientras tanto, la inacción judicial frente a lo que podría ser el mayor caso de fraude corporativo en la historia argentina genera preocupación creciente. La forma en que se resuelva este caso no solo impactará en el ecosistema tecnológico global sino que definirá la capacidad real del sistema judicial para investigar delitos económicos complejos y proteger efectivamente a las víctimas de violencia de género.