Arriba las manos, este es el Estado: El peligro de darle más poder a Patricia Bullrich

El reciente cambio de nombre del Ministerio de Seguridad al de "Ministerio de Seguridad Nacional" no es una mera formalidad burocrática. Se trata de una transformación profunda en la concepción del control estatal, impulsada por Patricia Bullrich, una funcionaria con un largo historial de represión, abusos de poder y criminalización de la protesta social. Este cambio, establecido mediante el Decreto 59/2025, plantea serias dudas sobre el futuro de los derechos ciudadanos en Argentina.
¿Qué implica este cambio?
EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN AHORA ES EL MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL: UNA NUEVA ERA CONTRA EL CRIMEN
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 4, 2025
Argentina tiene, por primera vez, un Ministerio de Seguridad Nacional. No es solo un cambio de nombre, es una transformación profunda en la forma de entender la…
Según Bullrich, el nuevo concepto de "Seguridad Nacional" abarca más que la simple lucha contra el crimen común. En sus propias palabras, este ministerio ahora se encargará de "proteger valores, bienes y ciudadanos ante amenazas que van más allá del delito". Sin embargo, esta ampliación de competencias también implica un mayor margen para políticas represivas y un uso discrecional del poder contra cualquier tipo de oposición política o social.
Entre los objetivos señalados por la ministra, se encuentra la protección de la infraestructura crítica, el orden público y el funcionamiento de las instituciones del Estado. Si bien en apariencia esto podría sonar razonable, en manos de alguien con antecedentes de políticas de mano dura, esto podría traducirse en una peligrosa militarización de la seguridad interior y una vigilancia extrema sobre sectores disidentes.
Los antecedentes de Bullrich: una historia de represión
No es la primera vez que Patricia Bullrich encabeza un organismo de seguridad. Durante su anterior gestión como ministra en el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), se registraron múltiples episodios de represión violenta contra manifestaciones sociales, la implementación del protocolo antipiquetes y un respaldo explícito a las fuerzas de seguridad en casos de violencia institucional, como el asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.
Bajo su mando, las fuerzas de seguridad gozaron de una creciente impunidad, con medidas que incentivaron la represión a organizaciones sociales, sindicatos y comunidades indígenas. Su lema de "el que las hace, las paga" encubría una política de persecución y criminalización de la protesta, ampliando el margen de acción de las fuerzas policiales para actuar con total discrecionalidad.
¿Seguridad o estado de excepción?
El peligro de esta reforma radica en su amplitud y vaguedad. En el comunicado oficial, Bullrich menciona que la seguridad nacional debe "resguardar la estabilidad de la democracia y el orden público". La pregunta que surge es: ¿quién define qué significa "orden público"? ¿Significa esto que cualquier movilización social podrá ser catalogada como una amenaza para la seguridad del Estado?
El nuevo enfoque también se centra en el combate al crimen organizado y el terrorismo, pero con un historial de represión a manifestantes y persecución de opositores políticos, existe el riesgo de que estas herramientas sean utilizadas para perseguir a cualquier actor que el gobierno considere una amenaza. En este contexto, el concepto de "seguridad nacional" se convierte en un arma para el control social y la censura.
Una alerta para la sociedad
El cambio de nombre del Ministerio de Seguridad a Ministerio de Seguridad Nacional es un indicio de una profundización del modelo de represión y vigilancia estatal. Argentina ha sufrido en el pasado los estragos de gobiernos que utilizaron la seguridad como excusa para coartar libertades, y este nuevo marco institucional abre la puerta a peligrosas políticas de control ciudadano.