Más perdidos que turco en la neblina: el Gobierno le cambió el nombre al Ministerio de Seguridad pero sigue sin rumbo

En una medida que parece más una cuestión de marketing que una reforma real, el Gobierno nacional de Javier Milei modificó el nombre del Ministerio de Seguridad, que ahora pasará a llamarse Ministerio de Seguridad Nacional.
El cambio, oficializado mediante el Decreto 58/2025 publicado en el Boletín Oficial, fue presentado como un supuesto refuerzo en la lucha contra los delitos federales, pero no contempla ninguna acción concreta para mejorar la seguridad en el país.
Según el decreto, la nueva denominación busca reflejar la misión del ministerio en la prevención y combate del narcotráfico, la trata de personas y otros delitos organizados. Sin embargo, esta modificación no es más que una estrategia discursiva, ya que la cartera sigue sin presentar políticas eficaces para enfrentar la creciente ola delictiva en todo el país.
La norma establece que el Ministerio de Seguridad Nacional tendrá funciones ampliadas en seguridad interior, lucha contra el crimen, control de fronteras, seguridad aeroportuaria y manejo del fuego. Pero estas responsabilidades ya eran parte de las atribuciones del ministerio, lo que demuestra que el cambio es meramente simbólico y no responde a una necesidad operativa.
Además, el decreto oficializa la continuidad de Patricia Bullrich al frente del área, designándola nuevamente en el cargo mediante un decreto separado. Este gesto deja en evidencia la falta de planificación del Gobierno, que sigue priorizando formalismos innecesarios mientras la inseguridad avanza sin control.
En paralelo, el ministerio anunció la aprobación del Programa de Inducción y Fortalecimiento de Brigadas USAR, destinado a mejorar los procedimientos de búsqueda y rescate urbano. Si bien se trata de una iniciativa relevante, no compensa la falta de respuestas efectivas ante el crecimiento de la delincuencia y la violencia en las calles.
El Gobierno de Javier Milei y la gestión de Patricia Bullrich continúan mostrando un enfoque errático en materia de seguridad. Mientras la población exige medidas concretas para combatir el delito, la respuesta del Ejecutivo se limita a cambiar nombres y realizar anuncios vacíos sin impacto real.