En una movida que generó polémica, el gobierno de Javier Milei decidió disolver el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), organismo encargado de mediar entre consumidores y proveedores.
Según el Ejecutivo, el COPREC duplicaba funciones y presentaba bajos niveles de eficiencia, resolviendo solo el 28% de los reclamos ingresados el año pasado. Con esta medida, se espera un ahorro anual de $650 millones para el Estado.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 55/2025, que también suprime el registro de conciliadores y el fondo destinado a cubrir honorarios y notificaciones. Desde la Secretaría de Comercio, se afirmó que los consumidores podrán resolver sus reclamos de manera más rápida y eficaz a través de plataformas digitales.
Sin embargo, críticos de la medida señalan que la disolución del COPREC podría dejar desprotegidos a los consumidores, especialmente a aquellos que no tienen acceso o familiaridad con herramientas digitales. Además, cuestionan si las plataformas en línea podrán manejar eficientemente la cantidad y complejidad de los reclamos sin la intermediación de un organismo especializado.
Esta acción se enmarca en una serie de reformas impulsadas por el gobierno de Milei, quien estuvo eliminando regulaciones y organismos que considera innecesarios o ineficientes. Si bien estas medidas buscan desburocratizar y reducir el gasto público, generan debate sobre el equilibrio entre eficiencia estatal y la protección de los derechos de los ciudadanos.
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