Hagamos un poco de historia

El antecedente histórico de la obra social de los trabajadores de la provincia de Entre Ríos, es la Caja Mutual del Personal de la Administración Pública de Entre Ríos, cuyo capital y estructura sirvió para que el 18 de mayo de 1973, mediante la Ley 5326, se fundara el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos.

Durante más de 2 décadas la administración del IOSPER dependió exclusivamente del Poder Ejecutivo Provincial, que determinó el presupuesto y designó a las autoridades de la institución.

En 1995, con la gestión de Mario Armando Moine al frente de la provincia, se produjo el primer intento de cambio en la conducción de la Obra Social.

Por medio del Decreto 3870, propuso transferir la administración del IOSPER a sus beneficiarios. Además dispuso modificar la designación del presidente y la integración del directorio, proponiendo incluir representantes de los beneficiarios en la conducción. Sin embargo la idea no se llegó a plasmar en la realidad.

Fue dos años después, el gobernador Jorge Pedro Busti, por Decreto 3117 del 22 de setiembre de 1997, impuso un nuevo reglamento de elecciones "a fin de llevar a cabo la transferencia de la administración del IOSPER a sus beneficiaros".

El 8 de mayo de 1998, la administración del Instituto de la Obra Social de la provincia de Entre Ríos fue delegada a los trabajadores.

Desde entonces la gestión está a cargo de un Directorio compuesto por siete miembros representativos de los trabajadores estatales (activos y pasivos) elegidos por voto directo de los beneficiarios de la Obra Social.

El Instituto tiene por objeto planificar, reglamentar y administrar la promoción, prevención, protección, reparación y rehabilitación de la salud de sus afiliados; como así también cubrir otras contingencias sociales conexas.

Cerca de 250 mil entrerrianos tienen un acceso igualitario a los servicios de salud.

El principio constitutivo de la Obra Social es la solidaridad, un sistema en donde todos los afiliados aportan un monto a un fondo común que se redistribuye entre quienes lo necesiten.

Hasta aquí todo perfecto, lo cierto es que con el correr de los años y las sucesivas gestiones los objetivos iniciales y prioritarios de la obra social, se fueron distorsionando hasta llegar al 2024, con Frigerio encabezando el poder ejecutivo provincial, y generando un deficit mensual de en principio 2 mil millones de pesos. Una cifra realmente brutal para una provincia como Entre Ríos.

La medida, que incluye una auditoría integral del organismo, garantizará el normal funcionamiento de los servicios a los afiliados.

El 11 de diciembre de 2024, Frigerio oficializó la intervención a través del decreto 3675, en el que se detallan algunas de las irregularidades que desde hace tiempo impiden el normal funcionamiento del Iosper, la grave situación financiera que atraviesa, los retrasos en las prestaciones a afiliados y el considerable aumento en gastos judiciales vinculados a incumplimientos.

Designó como interventor al abogado Mariano Gallegos, con experiencia en este tipo de tareas, quien estará acompañado por la subinterventora Marina Alegre.

Siendo el objetivo de la intervención el de devolver la calidad a las prestaciones, generar una reconversión financiera del instituto y ordenar las cuentas, dejar el déficit, negociar con prestadores de calidad a precio de mercado.

Elegir buenos prestadores, buenas clínicas, buenos profesionales y poder pagarlos. Tarea por cierto sumamente ambiciosa, más aun con la situación decadente con la que se encontró la obra social.

Por una lado cesó por seis meses el Directorio, estos meses son los que durará (en principio), la intervención, la realidad es que este tiempo lo marcarán las auditorias que por supuesto a esta fecha ya brindaron un primer panorama de la situación, que como muchos esperaban es mucho peor de lo que se imaginaba, según las mismas palabras del interventor Gallego, lo que se detectó en las primeras lecturas es la "punta de un iceberg", dejando en claro que la situación de la obra social de los entrerrianos y entrerrianas, es mucho mas precaria de lo imaginado, tras años de ser conducida por el cuestionado Fernando Cañete.

Justamente el ahora ex presidente del directorio obrero de la obra social, negó en diversas notas periodísticas que existan situaciones de corrupción y admitió que se va con mucho dolor y tristeza.

Deslizó además que el gobierno de Rogelio Frigerio nunca tuvo la cultura del diálogo para con la obra social y trazó un manto de sospecha por posibles “arreglos” entre el gobierno y José Ángel Allende, el multiprocesado sindicalista eterno de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) quien sí ha reconocido haber cometido hechos de corrupción ante la Justicia.

Cañete explicó que ha desoído algunos señalamientos de la Comisión Fiscalizadora, pero aclaró que de haberla escuchado los afiliados se iban a quedar sin atención en centros médicos estratégicos como el Favaloro, el Fleming o el Allende en Córdoba, por citar los de mayores complejidades.

Sobre la compra de los medicamentos, indicó que el sistema que utiliza el IOSPER “el prescriptor tiene que ser prestador de la obra social; quien recibe la prescripción tiene que ser afiliado; la farmacia que dispensa el medicamento tiene que estar habilitada; y lo más importante de todo, el valor del medicamento tiene que estar por debajo de lo que es el PPP (precio promedio ponderado), que es el precio de venta al público”. Y que siempre “hemos tomado nosotros la decisión de comprar al precio más bajo”.

Pasaron ocho días y el 19 de diciembre y se conocieron los primeros datos tras la intervención: se detectó que la deuda acumulada de la obra social duplica lo que había declarado el ex presidente Fernando Cañete.

El total asciende a 42.871.884.708 pesos, de la cual el 56 por ciento corresponde a medicamentos, destacando de este modo la mala gestión financiera.

Se señaló además que "tiene un déficit operativo de 3 mil millones de pesos por mes", y se subrayó que "el Iosper compra, y contrata, mal y caro". Y se agregó que la intervención trabaja "con una lógica de que el Iosper es de los afiliados, no de los prestadores, y trabajamos para los afiliados".

Se subrayaron las maniobras con las que ex miembros del Directorio intentaron ocultar el monto de sus propios sueldos los cuales alcanzaban, en el caso del presidente Cañete, los 16 millones de pesos. La metodología utilizada consistía en desdoblar el pago del salario e informar públicamente solo uno de los montos.

También detectaron, el incremento de aranceles sin justificación, y brindaron como ejemplo el aumento del 15 por ciento en los aranceles prestacionales que intentó instrumentar Cañete antes de salir del cargo.

Este incremento hubiera producido un déficit adicional de mil millones mensuales, que finalmente logró impedir la intervención. Agregando la existencia de actas de ajuste de aranceles que carecían de firmas y fechas, lo que pone en duda su validez, lo que lleva a pensar en lo que conoce como dejar un "campo minado" para la intervención.

Oportunamente los interventopres resaltaron que las droguerías habían otorgado un aumento del descuento en la compra de medicamentos del 15 por ciento a partir de los primeros días de diciembre y que, si ese mayor descuento se hubiese aplicado desde el 1 de enero de 2024, la obra social hubiese ahorrado 1.700 millones de pesos.

Un dato alarmante que se detectó en esta primera etapa fue el uso indebido de vehículos de la obra social para beneficio personal de los funcionarios. El caso más llamativo es el del gerente de Prestaciones, que se hacía llevar y traer todas las semanas desde la provincia de Corrientes, y que se le pagaba, además del sueldo, los gastos de traslado y el hotel en Paraná, lo que totalizaba un gasto de 10 millones de pesos mensuales.

También se pudieron observar irregularidades en el pago del servicio de lavado de los automóviles oficiales, con precios por encima de los de mercado y el pago de televisión por cable en oficinas en las que no hay televisores. Sintetizando que lo que conocían antes del ingreso era la "punta del iceberg" y que ahora se está comenzando a ver que hay debajo.

Estas primeros datos contrastan fuertemente con los dichos del ex presidente Fernando Cañete quien se refugió en una de sus tantas propiedades y se llamó a silencio.

Sin embargo, el jueves de esta semana se produjo el primer contratiempo para los interventores, se trata de la decisión de La Femer (Federación Médica de Entre Ríos), de suspender la atención a los afiliados del Iosper.

Al día siguiente se realizó una conferencia de prensa encabezada por el interventor Mariano Gallego y la sub interventora Marina Alegre, quienes calificaron la medida como "una desagradable sorpresa" y llamaron a "la reflexión de las autoridades de la entidad, que se sienten en una mesa de negociación sabiendo que son prestadores de salud y no con una política de apriete para cobrar".

"Les dijimos que les íbamos a pagar hasta el último centavo y pedimos facilidades para hacerlo", detalló el interventor y agregó: "Esto de tener a como rehenes a los afiliados, cortar porque no les abonamos no va más porque son cuestiones de salud y le dije al presidente de la Femer que en estas condiciones de cortes de servicio no vamos a negociar, si levantan el corte me voy a sentar a tratar de buscar una solución".

Además llevaron tranquilidad a los afiliados indicando que, hay muchos más médicos que los de Femer, garantizamos la atención en los sanatorios y clínicas, tenemos convenio con la Fundación Sanidad Ejército Argentino (Fusea) y también con particulares.

Aprovecharon la conferencia de prensa para agregar que se encontraron con una obra social en una situación económica y financiera extremadamente más grave de lo que esperaban, y que ahora están abocados a ordenar esa situación.

Señalaron que ya tenían varios informes y situaciones que están manejando internamente, y que seguramente van a formar parte de una evaluación con especialistas porque una denuncia es institucionalmente grave pero, en caso de que los elementos que tenemos se concluyan de que son convincentes, no van a tener problemas en hacer las denuncias correspondientes".

También aseguraron que tienen directivas muy claras del gobernador Rogelio Frigerio de que todo lo que se haga debe comunicarse, "queremos transparencia, y por eso lo hacemos de cara a los afiliados, a los entrerrianos", concluyeron.

El caso de Femer podría entenderse como el estertor de una política de "apriete" a la cual estaban lamentablemente acostumbrados los afiliados a la obra social, muchas veces rehenes de estás cuestionadas acciones. Y que seguramente hoy esperan y desean que la administración actual logre poner el freno a estás medidas que únicamente van en contra de quienes mensualmente aportan obligadamente dinero para ser atentidos cuando sea necesario.