El fallo en contra de Argentina, emitido por la Corte del Distrito de Columbia, obliga al Estado a abonar 389 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas, una cifra que sigue aumentando a medida que se acumulan intereses. Pero la historia no se limita a esta cifra millonaria: el fondo Titan Consortium, que ahora busca cobrar la sentencia, adquirió los derechos de litigio de este caso a través de una operación que involucró a varios fondos internacionales, incluido Burford Capital, conocido por sus litigios contra el país, como en el caso de YPF.

El origen de la deuda se remonta a 2017, cuando el tribunal arbitral del Banco Mundial, CIADI, falló a favor de los ex dueños españoles de Aerolíneas. La expropiación de la aerolínea, llevada a cabo por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, dejó un largo proceso judicial que culminó en esta exigencia millonaria para el Estado argentino. El negocio de la deuda, además, involucra a fondos internacionales que han comprado y revendido los derechos de litigio, dejando al país en una situación de desventaja.

Este episodio revela la ineficiencia del actual gobierno de Javier Milei, que, además de enfrentar dificultades internas en su gestión, se ve arrastrado por una serie de demandas internacionales de las cuales parece no poder escapar. La estrategia de apelaciones y recursos judiciales que sigue Milei es una muestra más de la falta de plan económico coherente y de la incapacidad para afrontar la deuda externa que su gobierno heredó.

Mientras el país atraviesa una crisis económica sin precedentes, el gobierno de Milei no solo incumple sus compromisos con el pueblo argentino, sino que ahora se enfrenta a este nuevo desafío que compromete aún más las finanzas públicas. La expropiación de Aerolíneas Argentinas es solo una muestra de la falta de previsibilidad y responsabilidad que caracteriza a este gobierno, que no sabe cómo enfrentar las consecuencias de las decisiones pasadas y continúa trasladando las cargas a la sociedad argentina.