El origen del caso remonta a denuncias impulsadas por los dueños del Grupo Indalo, quienes en su momento señalaron al sistema E-LOG como una herramienta de espionaje ilegal. Sin embargo, la Sala 2 de la Cámara Federal confirmó los sobreseimientos de los funcionarios implicados, argumentando que no existían pruebas concluyentes que vincularan este sistema con actividades ilegales.

No obstante, el oficialismo decidió reflotar este expediente como parte de una estrategia de propaganda, utilizando medios aliados para instalar una narrativa de supuesta "complicidad macrista" en la AFIP. Según las publicaciones recientes, el sistema E-LOG habría funcionado como un supuesto blindaje para ciertos contribuyentes relacionados con el kirchnerismo, aunque, en la práctica, servía para monitorear sus movimientos de manera sigilosa.

La operación mediática se da en un contexto de fuerte interna entre los sectores que apoyan a Mauricio Macri y los que impulsan a Santiago Caputo, en un intento por posicionarse. Este conflicto, combinado con la crisis de gestión en ARCA, parece haber generado la necesidad de desviar la atención pública hacia viejas acusaciones que ya habían perdido sustento judicial.

Por otro lado, figuras del peronismo señalaron a NOVA que la maniobra busca evitar que se hable de las irregularidades en ARCA, donde las denuncias de corrupción por parte de sus funcionarios, mala administración y pérdida de fondos encendieron las alarmas en los últimos meses.