Pero lo más escandaloso no sería el apuro sino el precio: la adenda fijó cánones calificados de “irrisorios” por los investigadores, con montos que, a casi tres décadas de explotación, quedarían en valores tan bajos como 226.291 pesos mensuales, cifras que no resisten comparación con el volumen comercial real del predio.

En julio de 2025, la gestión de Javier "Jamoncito" Milei anuló aquella adenda, al considerar que había sido elaborada para favorecer al concesionario en detrimento del Estado.

Una trama conocida: empresarios amigos, funcionarios complacientes y decisiones tomadas a último minuto

El juez federal Sebastián Casanello acaba de rechazar un planteo de prescripción presentado por la defensa, lo que mantiene viva la causa. En el expediente están procesados dos imputados: un ex funcionario de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), Esteban Weisbeck, y Claudio Glories, entonces presidente de Nueva Estación Once SA.

La prescripción no avanzó porque Weisbeck volvió a ocupar un cargo público entre enero y octubre de 2020, lo que según el artículo 67 del Código Penal suspende el paso del tiempo para todos los involucrados. La Justicia remarcó además el peso político de esa designación, realizada de forma directa durante la gestión de Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires.

Según el procesamiento, el funcionario firmó la adenda a días de dejar su puesto, sabiendo que la concesión era improrrogable por contrato. Aun así, aprobó la ampliación sin pedir documentos contables ni una evaluación económica independiente. En síntesis, actuó —según el fallo— “sin defender los intereses del Estado”, consolidando un beneficio privado difícil de justificar.

El canon que percibió el Estado hasta junio de 2025 por esta concesión habría sido de apenas 197.012 pesos mensuales, un monto totalmente desactualizado y desfavorable para las arcas públicas.

La justicia insiste, la defensa apela y la saga continúa

Se trata de la cuarta vez que Casanello procesa a los involucrados. Las cámaras anteriores habían revocado los fallos por falta de pruebas, pero los nuevos informes —entre ellos uno de la DaJuDeCo— reforzaron la sospecha de que la maniobra fue deliberada y orientada a garantizar un negocio extendido y ventajoso para Otero, un empresario con larga trayectoria en causas de corrupción vinculadas al kirchnerismo.

Los nuevos procesamientos llegaron nuevamente a la Cámara Federal, que deberá decidir si convalida el avance de una causa que vuelve a poner bajo la lupa los polémicos movimientos de fin de ciclo del gobierno de Cristina Kirchner, precisamente aquellos que alimentan su reputación de opacidad, discrecionalidad y favoritismo hacia empresarios cercanos.

Mientras tanto, la investigación sigue sumando capítulos y refuerza la percepción cada vez más instalada: cada vez que se revisan los actos administrativos de la última etapa del kirchnerismo, aparecen decisiones difíciles de explicar y aún más difíciles de justificar.