El juez Claudio Bonadio, en la etapa de instrucción, afirmó que la asociación ilícita investigada “fue comandada por Néstor y Cristina Kirchner”, y que las entregas de dinero proveniente de coimas llegaban de manera alternada al domicilio del matrimonio en Uruguay 1306 o a través de sus secretarios privados. Parte de esos fondos, según el expediente, también se utilizaba para pagos a otros funcionarios.

En los cuadernos escritos por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, se registraron múltiples ocasiones en las que Daniel Muñoz -histórico secretario privado de Néstor Kirchner- recibía bolsos con dinero incluso en la Quinta de Olivos, principalmente por la noche. Aunque no era el destino final, sí figuraba como punto de paso antes del traslado hacia el sur del país.

El requerimiento de elevación a juicio, leído recientemente en las audiencias, detalla que Cristina Kirchner, en su rol de jefa de la organización ilícita, habría estado involucrada en el cobro de 204 pagos ilegales. Sólo en el departamento de la calle Uruguay, donde vivió hasta el intento de asesinato de 2022, se contabilizaron 87 entregas que totalizaron 69.722.600 dólares. Ese inmueble fue allanado dos veces: primero para constatar si había espacios destinados al resguardo de valijas y luego para secuestrar 33 obras de arte dentro del embargo de 1.700 millones de dólares dictado sobre la ex presidenta.

La dirección Uruguay 1306 aparece repetidamente en los cuadernos de Centeno. Según su relato, los bolsos recolectados por funcionarios de Planificación solían entregarse allí entre las 20 y las 21. Tras la muerte de Néstor Kirchner, sostuvo el chofer, el sistema cambió y el dinero se llevaba primero a la casa de Baratta, desde donde se redistribuía, incluso hacia Olivos.

El ex titular de Corredores Viales, Claudio Uberti -muy cercano al matrimonio Kirchner- también declaró sobre la operatoria. Dijo haber entregado personalmente bolsos “de más de diez kilos” en el departamento de Juncal, recibidos por Muñoz. Una vez, relató, subió al departamento y encontró cerca de veinte valijas repletas de dinero. Todas tenían como destino final la vivienda de los Kirchner en Río Gallegos, donde existían bóvedas adquiridas al Banco Hipotecario.

La declaración de José López también vinculó ese departamento con la recaudación ilegal: afirmó que en 2007 se entregaron allí unos 8 millones de dólares provenientes de obras viales.

Pese a cambios operativos posteriores, la Justicia concluyó que el dinero continuó fluyendo hacia los funcionarios del Ministerio de Planificación, manteniendo como destinataria final a Cristina Kirchner.

El departamento de Recoleta también figura en la trama económica entre la familia Kirchner y Lázaro Báez. En 2009, Austral Construcciones -empresa del empresario luego condenado por lavado- alquiló esa propiedad. Pagaba 25.355 pesos mensuales a la inmobiliaria de Máximo Kirchner. En los registros internos de la empresa no hay constancia de que el departamento haya sido utilizado.