El fallo, firmado por los jueces German Castelli, Fernando Canero y Enrique Mendez Signori, con acusación de la fiscal Fabiana León, reconstruye la posición estratégica que ocupó Baratta dentro del esquema de compras.

Además, ordena que los condenados devuelvan de manera solidaria casi 5 millones de dólares al Estado.

Según el expediente, Baratta controló personalmente la compra de 11 cargamentos de GNL durante el gobierno de Cristina Kirchner, varios de ellos adquiridos mediante intermediarios privados cuya participación no se justificó.

Estos fundamentos complican el presente judicial de Baratta: está libre mientras avanza el juicio de los Cuadernos de las Coimas, donde figuró como recaudador del kirchnerismo, y además está procesado por la turbina de Río Turbio, por la causa Odebrecht vinculada a obras de AySA y por el desvío de 53 millones de pesos de la caja chica de Planificación.

En los últimos años, Baratta organizó el Operativo Puf contra la investigación de los Cuadernos y manejó grupos de Whatsapp con periodistas para atacar rivales políticos. Pasó de ser el chofer del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, a convertirse en uno de los funcionarios con más poder en el Estado.

También integró el directorio de YPF durante parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El Tribunal Oral Federal 7 señaló que Baratta dictó normas clave del Programa Energía Total, como las disposiciones 30/2008 y 932/2008, que definieron el rol de ENARSA.

También intervino en contratos sensibles: el firmado entre ENARSA e YPF el 13 de marzo de 2008, y el acuerdo con Repsol Comercializadora de Gas del 4 de abril de 2008. Ambos habilitaron compras directas y el pago de comisiones duplicadas que luego quedaron bajo cuestionamiento.

El tribunal incorporó correos electrónicos que muestran que Baratta seguía minuto a minuto las negociaciones con intermediarias como Contrater Consulting, Diligentia y Dysan, firmas que cobraron más de 6 millones de dólares en comisiones. Para la fiscalía, esto prueba que conocía y supervisaba un sistema que evitó licitaciones y controles de costos.

La acusación sostiene que Baratta incumplió su rol de garante, permitió contrataciones sin antecedentes y convalidó procedimientos que generaron un perjuicio millonario al Estado. Según los fundamentos, su actuación “por acción u omisión” habilitó la participación de intermediarios y el pago de comisiones irregulares.

Pese a que la crisis energética de 2008 se había superado, Julio De Vido y Baratta continuaron las compras directas sin licitación. El tribunal sostuvo que las nuevas provisiones debieron realizarse mediante procedimientos competitivos.

La resolución dispuso además el decomiso del dinero encontrado en los allanamientos: 40.510 dólares, 4.65 euros y 7.150 pesos en Buenos Aires pertenecientes a Julio Miguel De Vido; y 136.500 pesos, 25.276 dólares y 27.000 euros secuestrados en domicilios vinculados a Roberto Baratta.

La sentencia describe un mecanismo montado desde el corazón del kirchnerismo que, según la Justicia, permitió el manejo discrecional de millones de dólares en plena crisis energética.