Patricia Bullrich, ya en rol de jefa del bloque oficialista en el Senado, encabezará la batalla legislativa. Antes de dejar el Ministerio de Seguridad, presentó la versión más avanzada del proyecto junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, en lo que fue su último acto de gestión y su primer movimiento estratégico en la Cámara Alta.

La reforma, elaborada por una comisión que integran figuras como el juez Mariano Borinsky y el abogado Jorge Boumpadre, pasó de los 540 artículos originales a 912, producto de meses de revisiones. E

ntre los puntos más sensibles está la posibilidad de declarar imprescriptibles los delitos cometidos en ejercicio de la función pública. Si se aprueba, ya no habría reloj judicial capaz de salvar casos como Hotesur–Los Sauces, la causa Vialidad, los bolsos de López, Ciccone, Sueños Compartidos o los esquemas de coimas que se investigan en múltiples jurisdicciones.

Un nuevo escenario para las causas K

La inclusión de delitos económicos complejos —evasión tributaria organizada, intermediación financiera no autorizada, maniobras especulativas, estructuras financieras clandestinas— toca el corazón de los mecanismos que caracterizaron los años de poder kirchnerista. Las maniobras con facturas apócrifas, rutas del dinero, fideicomisos opacos, sobreprecios estructurales y flujos financieros no declarados pasarían a tener un marco penal mucho más severo y moderno.

La reforma también sistematiza delitos contra la administración pública y endurece penas por corrupción, tráfico de influencias, lavado de activos y desvío de fondos estatales. El objetivo declarado es terminar con la “opacidad financiera” que permitió que los recursos públicos se manipularan durante años, muchas veces sin consecuencias.

Manipulación electoral y propaganda digital: otro dardo al modelo K

Otra novedad explosiva es el capítulo destinado a proteger el orden electoral, que incorpora la penalización de la manipulación algorítmica, creación de perfiles falsos y segmentación engañosa. Se trata de un terreno en el que el kirchnerismo siempre tuvo alta inversión —en redes, microsegmentación y maquinaria digital— y que ahora queda bajo regulación penal explícita.

Terrorismo, narcotráfico, ecocidio, violencia digital y nuevos delitos urbanos

La reforma también amplía la imprescriptibilidad a delitos como homicidio, abuso sexual, grooming, trata, terrorismo y narcotráfico. Introduce nuevas figuras como el ecocidio, sanciona a los motochorros con un tipo penal más claro, refuerza la tutela penal del ambiente y endurece las penas por conducción temeraria y carreras ilegales.

Pero en términos políticos, el capítulo que más ruido genera es el de estabilidad fiscal y monetaria, que amplía las sanciones por evasión, contrabando agravado y falsificación de moneda. En un país donde la corrupción estatal y la fuga coordinada de fondos públicos fueron moneda corriente durante los gobiernos K, estas herramientas podrían reabrir debates —y causas— que el kirchnerismo preferiría dejar en el pasado.

Bullrich prepara la ofensiva en el Senado

Con la nueva correlación de fuerzas —La Libertad Avanza pasa a tener 20 bancas— Bullrich ya trabaja en la negociación fina. Tras la conferencia de prensa se reunió durante horas con Santiago Caputo y Sebastián Amerio, delineando la estrategia para blindar votos y avanzar sin dilaciones.

“Está en estudio la versión final, que no es la que circuló”, dicen desde la comisión redactora. Pero en el kirchnerismo ya toman nota: si el proyecto entra al Congreso como está, la discusión no será solo jurídica. Será política. Y será incómoda.

Porque esta reforma no solo redefine el futuro del sistema penal argentino. También reabre preguntas sobre el pasado reciente y las responsabilidades que aún están en los expedientes. Y ahí, el kirchnerismo sabe que tiene un problema. Un problema que, por primera vez en años, podría volverse imprescriptible.