Aunque el contenido completo del proyecto aún no fue difundido de manera oficial, versiones preliminares indican que incluiría modificaciones en convenios colectivos, modalidades de contratación, indemnizaciones, flexibilización de normas laborales, empleo joven y regulación del trabajo autónomo.

El Gobierno sostiene que la iniciativa forma parte de una estrategia para modernizar el mercado laboral y generar más empleo formal.

Sin embargo, la presentación del texto ya provocó fuertes críticas desde el kirchnerismo y sectores sindicales. Dirigentes opositores calificaron la reforma como una "cortina de humo", al considerar que busca distraer la atención pública de otras medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo.

También señalaron que el proyecto fue elaborado sin participación de la CGT ni de gremios sectoriales, lo que despierta preocupación por un posible retroceso en derechos laborales adquiridos.

En paralelo, bloques legislativos del peronismo trabajan en iniciativas alternativas que apuntan a reforzar garantías laborales, entre ellas la fijación de indemnizaciones mínimas para trabajadores estatales en caso de despidos injustificados.

El Gobierno, por su parte, aclaró que la reforma estaría orientada exclusivamente al ámbito privado y no alteraría el régimen de empleo público.

El escenario se ve atravesado por la renovación de autoridades en la CGT, un proceso que reconfigura tensiones internas en el sindicalismo y que podría influir en las negociaciones que busca encarar el Ejecutivo.

Mientras tanto, la premura del oficialismo por aprobar la reforma antes de fin de año agrega presión al clima político, en un Congreso donde aún no están asegurados los votos necesarios para avanzar.