El plan, que se presenta como una herramienta para "modernizar la trazabilidad" y "mejorar la sanidad animal", obliga a los productores a incorporar tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) en cada ejemplar.

El chip podrá colocarse en forma de botón, bolo ruminal o microchip inyectable, y deberá complementarse con una tarjeta visual en la oreja izquierda.

A partir de diciembre de 2025 quedará prohibida la venta de caravanas exclusivamente visuales, lo que marcará el fin del sistema tradicional de identificación. Quien no cumpla con la nueva normativa podrá ser sancionado por SENASA bajo la Ley 27.233.

Si bien el organismo asegura que la medida apunta a fortalecer la trazabilidad y las exportaciones, en el sector primario se multiplican las críticas. Productores y consignatarios advierten que el costo del equipamiento y la logística de implementación recaerán casi por completo sobre los pequeños y medianos establecimientos.

"Nos hablan de modernización, pero nadie dice cuánto va a costar cada dispositivo ni quién lo paga", se quejan en las federaciones rurales. También señalan que el proceso administrativo (que incluye la declaración de cada identificación en un plazo de diez días hábiles a través del sistema SIGSA o la aplicación móvil SIGBIOTRAZA) sumará una nueva capa de burocracia digital a una actividad ya saturada de trámites.

Los frigoríficos y remates feria tampoco quedan al margen. Deberán registrar electrónicamente todos los ingresos, informar inconsistencias al SENASA y recuperar los chips tras la faena, destruyéndolos para evitar que ingresen a la cadena alimentaria.

En caso de no poder recuperar un microchip, la carne afectada deberá declararse no apta para el consumo humano.

La medida se enmarca en una tendencia global hacia la trazabilidad digital, recomendada por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Sin embargo, críticos del sector sostienen que el Estado no acompaña con la infraestructura, capacitación ni financiamiento necesarios para una transición de semejante magnitud.

En el interior ganadero se percibe otra lectura: detrás del discurso de la "eficiencia" y la "seguridad alimentaria", se esconde un modelo de control total sobre la producción, donde cada animal (y cada productor) quedará registrado electrónicamente bajo un sistema centralizado.

"Esto es el sueño de cualquier burócrata: una base de datos con cada vaca del país", ironizó un dirigente rural del sur bonaerense.

La resolución firmada por la presidenta del SENASA, María Beatriz Giraudo Gaviglio, entra en vigencia inmediata. Su implementación, sin embargo, promete un largo debate entre el Estado, el campo y la industria frigorífica, que ahora deberán adaptarse a un sistema que, más allá de sus intenciones sanitarias, reaviva viejas tensiones sobre el control y los costos de producir en la Argentina.