¡Al hueso! Se denunció penalmente a Milei y varios funcionarios por presunto lavado de dinero y asociación ilícita
El ciudadano Juan Ricardo Mussa presentó una denuncia penal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal contra el prescindente Javier Milei, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el diputado José Luis Espert y otros funcionarios, a quienes acusa de delitos vinculados al lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de influencias, abuso de autoridad y violación de la ética pública.
La presentación, que invoca la Ley de Víctimas 27.372 y la normativa PGN 10/09, sostiene que existe "conexidad subjetiva" entre los imputados, mencionando como eje común maniobras de corrupción y lavado de activos que (según Mussa) tendrían relación con causas judiciales en curso, incluido el expediente por la extradición del empresario Federico "Fred" Machado, requerido por Estados Unidos por narcotráfico.
Mussa advirtió que la Corte Suprema aún no resolvió sobre la extradición de Machado, pese a que el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, la había avalado en 2022. "Si la Corte demora el fallo, serán responsables por omisión o complicidad", expresó en su denuncia.
El denunciante sostiene que Machado habría financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, utilizando aviones de su propiedad, y que tanto el propio Espert como Milei tendrían vínculos comunes con abogados como Francisco Oneto y Santiago Viola.
Además, afirma que Milei "adoptó un comportamiento ilegal" y lo responsabiliza por supuestos pactos de impunidad y encubrimiento.
En la presentación, Mussa también solicita que sean citados a declarar Clara Montero Barré (ex jefa de prensa de Espert), Nazareno Echepare, Luis Rosales y el abogado Oneto.
El escrito incluye una cronología de hechos en la que se mencionan episodios recientes, como la detención del empresario cripto Francisco Hauque en enero de 2025, la salida del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Ignacio Yacobucci, y el dictado del Decreto 274/2025, que (según el denunciante) habría buscado "borrar huellas de delitos".
Finalmente, Mussa pidió ser aceptado como querellante y que se eleve el caso al Congreso para el eventual inicio de juicios políticos contra los funcionarios denunciados.
La denuncia será evaluada por la justicia federal, que deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal sobre los hechos expuestos.
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