Cuando estalló el escándalo de los vínculos de José Luis Espert con Machado, se comprobó que el economista reconoció haber recibido 200 mil dólares de una estructura ligada al narco.

Ciccarelli aparece como dueño formal de la Jeep Grand Cherokee blindada que usó Espert en su campaña de 2019, lo que reforzaría su rol de operador oculto. En paralelo, sus empresas Petrosand S.A. (creada en 2019) y Gold and Sand S.R.L. (constituidas en 2021) figuran vinculadas a concesiones mineras en Río Negro y Neuquén, muchas de ellas obtenidas con avales durante la gestión provincial.

Lorena Villaverde, diputada nacional del espacio libertario y primer candidata al Senado por Río Negro, figura como pareja de Ciccarelli. En 2002 fue detenida en Florida con 400 gramos de cocaína, un antecedente judicial que ya había sido revelado por medios periodísticos al analizar su pasado y sus vinculaciones políticas. Villaverde también enfrenta denuncias locales por ventas irregulares de terrenos en Las Grutas, causas judiciales que elaboran un perfil político controvertido.

Ciccarelli tuvo una aproximación al despacho del diputado provincial Facundo López —candidato a senador por Juntos Somos Río Negro— en el último año, lo que le habría concedido un acceso directo a los mecanismos de decisión política.

En paralelo, legisladores provinciales han elevado pedidos de informes al Ejecutivo para que detalle las concesiones mineras otorgadas a las empresas vinculadas a Ciccarelli, así como el registro de reuniones privadas entre funcionarios y personajes de su entorno.

La exposición del caso ha provocado tensión dentro del espacio libertario y en coaliciones afines. El candidato a senador nacional por Río Negro del PRO, Juan Carlos Martín, exigió que Villaverde renuncie a su postulación, señalando que no puede permanecer en una lista respaldada por Milei alguien con “antecedentes narco” y vínculos con Machado y Ciccarelli.

En la provincia rionegrina, fuerzas opositoras han presentado proyectos para institucionalizar registros públicos de visitas entre funcionarios y particulares, y para transparentar concesiones mineras en la meseta. Mientras tanto, desde el entorno de Villaverde y Ciccarelli se afirma que no hay imputaciones judiciales firmes en su contra, que no hay pruebas concluyentes de lavado o testaferro, y que las acusaciones son parte de una campaña política agresiva.

El desafío ahora es que la justicia investigue cabalmente estas conexiones y defina responsabilidades con documentos, pruebas y acciones concretas, más allá del ruido mediático.