La presentación original fue realizada en agosto por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien demandó acciones concretas para proteger el voto libre e informado y cuestionó el uso no autorizado de clonación de voz y rostro mediante IA, especialmente los llamados "deepfakes".

Casos emblemáticos de manipulación digital

Gil Domínguez citó como ejemplos la circulación de imágenes creadas con IA de Mauricio Macri y Silvia Lospennato durante los comicios porteños de 2025, y un caso de 2021 donde se utilizó esta modalidad para perjudicar al dirigente Mario Negri.

En su dictamen, el fiscal González fue contundente: "No caben dudas respecto a los riesgos que generan los 'deepfakes' para la actividad política en general y los procesos electorales en particular, afectados por actos de comunicación malintencionada, falsa o directamente difamatoria".

Advirtió que, en ciertos supuestos, estos usos pueden ser "directamente constitutivos de delito".

Qué se solicita a las autoridades

El fiscal pidió a la jueza Servini que requiera informes a las autoridades nacionales sobre acciones de difusión y sensibilización planificadas o realizadas durante el proceso electoral, particularmente respecto al voto informado sobre la Boleta Única Papel como nuevo instrumento de votación.

También sugirió promover la adhesión voluntaria al Compromiso Ético Digital 2025, una iniciativa de la Cámara Nacional Electoral que busca preservar el debate democrático en redes sociales y plataformas digitales, y que ya han suscrito partidos políticos, bloques parlamentarios, entidades periodísticas, empresas y plataformas.

El equilibrio entre libertad de expresión y prevención

El representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que no se trata de prohibir las estrategias de comunicación digital de carácter político-partidario, ya que eso "sería negar la conversación política en el espacio público".

Sin embargo, enfatizó que el espacio digital no debe ser "una especie de zona liberada", especialmente frente a los riesgos más severos de cara a las elecciones.

González destacó que el uso de IA "trasciende largamente las fronteras del Estado Nación" y que los actos masivos de amedrentamiento y desinformación han concitado la atención del sistema de justicia, por lo que resulta razonable demandar que otros poderes del Estado se involucren en acciones concretas.

El fiscal solicitó que los organismos gubernamentales informen sobre acciones vinculadas con la prevención del uso ilegal o no autorizado de IA, incluyendo programas que promuevan el voto informado y "contribuyan a mitigar los eventuales efectos" de los deepfakes en el proceso democrático.