El arsénico es un elemento natural presente en las napas subterráneas que, al consumirse de forma sostenida, puede provocar diversas enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud establece que el agua segura debe contener menos de 10 partes por billón (ppb), pero en ciudades como Chivilcoy y 9 de Julio se detectaron niveles superiores a 50 ppb.

Un mapa colaborativo para medir la contaminación

En 2024 fue relanzada una herramienta creada en 2011 por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA): el mapa de arsénico en Argentina.

La plataforma permite que cualquier habitante acerque muestras de agua para conocer los niveles de contaminación en su zona.

"No hay ningún modelo con cierta pureza matemática que determine que, si el arsénico aparece en un lugar, va a aparecer alrededor.

Está asociado a la profundidad de la que se extrae el agua", explicó Daniel Stripeikis, director del proyecto y profesor del ITBA.

El especialista señaló que, si bien no detectaron grandes modificaciones en el agua de pozos domiciliarios, "observamos algunas mejoras" en el agua de red distribuida por municipios que instalaron sistemas de ósmosis inversa.

El rol de la Defensoría del Pueblo

Cecilia Rodríguez, directora de Actuaciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo bonaerense, explicó que el organismo recibe reclamos de usuarios y busca resolverlos mediante gestiones con municipios, organismos provinciales y empresas prestadoras.

"En la mayoría de los casos se logra la provisión de agua potable por medios alternativos, como cisternas o bidones gratuitos, mientras se instrumentan las obras necesarias", señaló.

Cuando las gestiones no resultan favorables, la Defensoría evalúa iniciar acciones judiciales para mejorar la calidad del servicio.

Casos emblemáticos: de los amparos a las soluciones

El caso de 9 de Julio se convirtió en un hito. En 2010, vecinos demandaron a Aguas Bonaerenses (ABSA) por niveles excesivos de arsénico. Cuatro años después, la Corte Suprema reconoció el agua como derecho humano y ordenó medidas cautelares hasta encontrar una solución definitiva.

Finalmente, se construyó una planta potabilizadora que hoy es monitoreada por la Defensoría.

En Chivilcoy, la Justicia también obligó a ABSA a entregar agua segura y avanzar con infraestructura, aunque la obra definitiva aún está demorada.En Bragado, la respuesta fue administrativa: ABSA instaló cisternas fijas de mil litros como medida temporal de mitigación, sin que mediara un fallo judicial.

"Por ahora hay esfuerzos individuales y comunales. Los vecinos de Chivilcoy, por ejemplo, se movieron y lograron este fallo favorable", destacó Stripeikis, poniendo de relieve que la organización ciudadana sigue siendo clave para garantizar el derecho al agua potable en la provincia.