Según señaló, las reformas implicarían penas más duras y menos margen para la defensa de los acusados, repitiendo la lógica de mano dura que en la región ha demostrado efectos limitados y, en muchos casos, contraproducentes.

Bullrich, por su parte, insistió en que “la impunidad se termina”, detallando un endurecimiento de penas para delitos graves y cotidianos, la imprescriptibilidad de varios crímenes, y la ampliación del concepto de legítima defensa para blindar legalmente a las fuerzas de seguridad.

La iniciativa incluye nuevas figuras delictivas relacionadas con el uso de tecnologías e inteligencia artificial, sanciones más severas para casos de corrupción y hasta penas de prisión por cortar calles o arrojar objetos en protestas sociales, lo que apunta directamente contra el derecho a la protesta y la libertad de expresión.

En sus discursos, Milei y Bullrich enmarcaron estas reformas en una “nueva doctrina penal de la tolerancia cero”, en abierta oposición al denominado “garantismo” y a la doctrina del ex juez Raúl Zaffaroni, a la que culpan de proteger a los delincuentes. Sin embargo, detrás de la retórica de orden y disciplina, lo que se vislumbra es una apuesta por el punitivismo extremo, donde el aumento de penas y el poder ampliado de las fuerzas de seguridad reemplazan la búsqueda de soluciones integrales frente a la inseguridad.

Lejos de representar una reforma moderna, el nuevo Código Penal parece inscribirse en un discurso ideológico preelectoral que privilegia el castigo sobre la prevención, la represión sobre la inclusión y el control social sobre los derechos ciudadanos.