El intento de retroceso llega pocos meses después de un fuerte escándalo con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que en febrero de este año publicó en el Boletín Oficial una resolución en la que aparecían expresiones como “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles” para clasificar a personas con distintos grados de discapacidad. El episodio generó una ola de repudios de asociaciones y organismos de derechos humanos.

Castello defendió su planteo argumentando que el Estado “no debe intervenir en la forma en que los ciudadanos se expresan” y que imponer terminología “es un acto de censura”. Sus dichos encendieron las alarmas en colectivos vinculados a la discapacidad, que consideran que estas iniciativas buscan naturalizar nuevamente el uso de insultos y etiquetas que históricamente marcaron la exclusión.

Organizaciones sociales y especialistas recordaron que el lenguaje no es un detalle formal, sino una herramienta de poder que moldea las percepciones sociales. “Las palabras pueden dignificar o pueden humillar. Quitar esta protección sería volver al pasado”, advirtieron. El debate promete trasladarse al Congreso y a la Legislatura bonaerense, donde el proyecto ya genera divisiones.