El expediente sostiene que Espert nunca pudo acreditar públicamente ni ante la justicia el origen de ciertos aportes y el uso de recursos durante la campaña (un punto que la denuncia y la resolución que la tramita destacan como central) y que en las rendiciones oficiales no aparecen consignados vuelos privados, vehículos ni algunas de las erogaciones que habrían sido provistas por terceros.

Esa falta de consistencia en la documentación financiera es, según el denunciante, parte de la prueba del presunto financiamiento irregular.

La ofensiva judicial se complementa con alusiones a registros contables obtenidos por la fiscalía de Estados Unidos que, según investigaciones publicadas por medios locales, consignarían movimientos por hasta 200 mil dólares que tendrían relación con la campaña.

Ese dato, si se confirma en la investigación penal argentina, complicaría la versión suministrada por Espert sobre el alcance y origen de los apoyos que recibió en 2019 y 2020.

Otro eje de la denuncia que tomó fuerte repercusión política es la mención de que el abogado que interviene en la causa de extradición contra Machado (el doctor Francisco Oneto) es también letrado y apoderado del presidente Javier Milei y fue candidato a vicegobernador en la lista de La Libertad Avanza en 2023.

Esa coincidencia de representaciones plasmó críticas cruzadas y puso en el centro del debate la relación entre estructuras jurídicas, clientes y cuadros políticos del espacio.

En el escrito presentado por Bastianes (y que aquí reproducimos en sus puntos esenciales) se solicita, además, que presten declaración testimonial una serie de personas vinculadas a la campaña y a los viajes y traslados que hoy son objeto de investigación.

Entre los citados para declarar figuran: Luis Rosales, Nazareno Gabriel Etchepare, José Alejandro Bonacci, Sebastián Lacunza, Gabriel Santiago Cuneo, Ivan Sherman, Silvia Irene Rodriguez Diaz, Sergio Daniel Mastropietro y Guillermo “Dino” Mazzoni, quien habría viajado el 21 de julio de 2019 hacia Lima junto con el ex tenista Juan “Pico” Mónaco y Andrew Michael Machado (hijo de Federico “Fred” Machado) en el mismo avión N28FM.

La presentación de Bastianes encuadra los hechos denunciados en artículos del Código Penal que incluyen, entre otros, el presunto encubrimiento a una organización criminal y la existencia de maniobras que podrían tipificarse como asociación ilícita.

Mientras avanza la instrucción, el caso ya provocó reacciones políticas: desde pedidos de explicaciones públicas hasta señalamientos dentro de la propia coalición gobernante sobre la conveniencia política de mantener a Espert como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires.

La causa abre un frente judicial y político que podría profundizarse en las próximas semanas: la Fiscalía tendrá que decidir si remite la investigación a otras jurisdicciones, si cita a los testigos pedidos por la denuncia y qué verificación puede aportarse sobre los registros contables citados desde Texas.

Espert, por su parte, ha rechazado en distintas oportunidades que existan irregularidades y calificó parte de las filtraciones como "operaciones políticas"; la investigación criminal, sin embargo, sigue su curso y será la Justicia quien determine si las pruebas alcanzan para avanzar con imputaciones formales.