El objetivo de la protesta era expresar su rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, una medida que los dejó sin mejoras en sus ingresos.

La marcha, convocada por agrupaciones de jubilados, organizaciones sociales y partidos de izquierda, comenzó a las 15 horas en las afueras del Congreso con la intención de avanzar hasta Plaza de Mayo.

Sin embargo, el despliegue represivo, que incluyó a efectivos de la Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, no tardó en mostrarse. Según manifestantes, las calles cercanas al Palacio Legislativo estaban repletas de vehículos de seguridad, e incluso un camión hidrante se posicionó en la avenida Entre Ríos, intimidando a los presentes.

Con la intención de desarticular por completo la protesta, Gendarmería formó un cordón de efectivos y avanzó sobre la avenida Callao alrededor de las 16:45. Tras unos minutos de tensión, los manifestantes, ya reducidos en número por la violencia policial, se vieron obligados a retirarse.

En total, el operativo para desarmar la movilización duró poco más de una hora, dejando en claro la postura del Gobierno de Milei frente a cualquier expresión de disidencia. NOVA estuvo allí y pudo rescatar imágenes exclusivas de esta brulta represión policial.

Este no fue un hecho aislado. La semana anterior, los jubilados también fueron reprimidos mientras intentaban cortar la Avenida Rivadavia frente al Congreso para exigir mejoras en sus haberes. La respuesta de las fuerzas de seguridad volvió a ser la misma: represión y gases para acallar el reclamo legítimo de quienes solo piden poder vivir dignamente.

La ley que el presidente Milei vetó oficialmente este lunes representaba un avance significativo para los jubilados frente a la fórmula actual impulsada por su Gobierno. Entre otros puntos, la norma establecía que el haber mínimo no debería ser inferior al valor de una canasta básica de adulto mayor, que actualmente asciende a 285.000 pesos, según el INDEC.

En septiembre, los jubilados cobraron 234.540,23 pesos, más un bono de 70.000 pesos, cifra que se mantiene congelada desde diciembre, lo que evidencia una realidad cada vez más crítica para un sector históricamente vulnerable y que ahora también debe enfrentar la represión estatal.