Diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y diversidades han denunciado la gravedad de esta decisión. La Subsecretaría, aunque debilitada, representaba la única estructura institucional del Ejecutivo dedicada a combatir la violencia de género. Según la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, el Gobierno está obligado a mantener un área específica para esta tarea, pero la disolución de la subsecretaría envía un mensaje claro de desinterés frente a los femicidios.

Claudia Barcia, quien desde su nombramiento había evitado las declaraciones públicas y entrevistas, presentó su renuncia de manera abrupta y no se despidió de las trabajadoras. Ante esta situación, las 650 empleadas del área se encuentran en estado de asamblea, temiendo por su futuro laboral. Mientras algunas podrían ser reubicadas en la Secretaría de Derechos Humanos o en la de Justicia, se especula que hasta el 80 por ciento del personal podría ser despedido como parte del recorte de empleados públicos anunciado por el presidente Javier Milei.

Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos, expresó su indignación: “A pocas horas de la manifestación Ni Una Menos, el Gobierno aplica su pedagogía del castigo y amenaza con unos 400 despidos además de disolver la subsecretaría. Vamos a seguir organizados y apoyando todas las medidas necesarias, incluso acudiendo a instancias internacionales para denunciar la situación”.

La abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), advirtió sobre las implicaciones legales de la medida, señalando que el Gobierno está incumpliendo con sus obligaciones jurídicas nacionales e internacionales. “Es impactante cómo pueden sentir orgullo de pisotear el trabajo y la legitimidad de una agenda construida colectivamente”, afirmó.

En seis meses de gestión, el Gobierno de Milei ha desfinanciado y desarticulado políticas clave para la prevención y atención de la violencia de género. El presupuesto de la Subsecretaría ya había sido reducido en términos reales en un 62 por ciento en comparación con el año anterior.

Estela Díaz, a cargo del único Ministerio de Mujeres y Diversidades que queda en el país, señaló que la disolución de la Subsecretaría refleja un desprecio por lo público y por la protección de las víctimas de violencia de género. Díaz advirtió que otras provincias también han reducido sus áreas de género siguiendo el ejemplo del Gobierno Nacional.

La médica epidemióloga Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), manifestó su preocupación por el futuro de servicios esenciales como la Línea 144 y el Programa Acompañar. La diputada justicialista Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara baja, acompañó a las trabajadoras en una manifestación y criticó duramente al Gobierno de Milei por sus actos contra las mujeres y diversidades, afirmando que la disolución del área no solo afecta la política pública sino también envía un mensaje de desinterés hacia la violencia de género.

Esta decisión ha generado un fuerte rechazo y preocupación entre quienes luchan por los derechos de las mujeres y diversidades, subrayando el retroceso que implica en la protección y asistencia a las víctimas de violencia de género en Argentina.