Política
Confirmación oficial

Si sos pobre, jodete: el Gobierno cerrará 81 centros que brindaban atención legal gratuita a personas vulnerables

El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cuneo Libarona, hizo oficial la medida a través de un comunicado por redes sociales. (Dibujo: NOVA)

En el marco del fuerte ajuste que lleva adelante Javier Milei, el Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Estos espacios multidisciplinarios brindaban atención legal primaria gratuita a poblaciones de bajos recursos. Según el Ministerio de Justicia, la clausura de los CAJ se debe a que "brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias". La cartera dirigida por Mariano Cuneo Libarona informó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores sin demostrar resultados y duplicando funciones, lo que representaba un gasto de funcionamiento de más de 8 mil millones de pesos por año.

Las autoridades ministeriales criticaron el uso de fondos para mantener estos centros, argumentando que "en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes". Aseguraron que todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos, por lo que consideraron injustificable la financiación de más oficinas y recursos para la misma función.

Desde la Asociación de Empleados del Estado (ATE) advirtieron que la medida implica 400 despidos. Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y delegada en la Secretaría de Justicia, expresó preocupación por los inminentes despidos en los CAJ distribuidos en todo el país. Silva denunció que la normativa busca avanzar en un proceso de "reorganización y vaciamiento", lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajan diariamente en los barrios más vulnerables.

ATE señaló que el área ya registra un total de 270 despidos desde diciembre, y ahora existe el peligro de 400 despidos adicionales. Los CAJ están integrados por equipos interdisciplinarios de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, mediadores comunitarios y personal administrativo, que abordan de manera integral las problemáticas jurídico-psicosociales para garantizar una escucha transversal e interdisciplinaria. En cada caso asistido, hay uno o más derechos insatisfechos.

Actualmente, el Ministerio de Justicia cuenta con 105 CAJ en todo el país, ubicados principalmente en barrios vulnerables de alta densidad poblacional. Sin embargo, tras el cierre de las 81 dependencias, quedarán apenas 24 a nivel nacional, es decir, una proporción de uno por provincia.

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