Uno de las pesquisas se llevó a cabo en las oficinas de la empresa de Martínez Sosa en Río Grande, Tierra del Fuego, en la calle San Martín al 800. Según informó FM Fuego, entre 6 y 8 efectivos de la Policía Federal participaron en el retiro de documentación pertinente a la investigación sobre contratos de seguros para la administración pública. Además, se realizaron allanamientos en las oficinas de Martínez Sosa en San Isidro y otros lugares.

La orden judicial busca incautar documentación de brokers y empresas asociadas a Martínez Sosa, como Bachellier, Emanuel Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, y Fernando “El turco” Salim, entre otros.

Investigación y contexto

Los investigadores estuvieron trabajando bajo la hipótesis de que Bachellier, la empresa que más comisiones cobró por contratos con el Estado, es un satélite de Martínez Sosa. Durante un allanamiento previo en la sede de Bachellier, se descubrió un departamento en Villa Crespo que no parece congruente con la sede de una empresa con negocios tan grandes.

El juzgado acumuló numerosos informes, destacándose el entrecruzamiento de llamadas ordenado a finales de abril. Este cruce de información se encuentra avanzado, aunque todavía hay teléfonos pendientes de ser analizados.

El juez Ercolini ordenó investigar las líneas telefónicas utilizadas por el ex presidente Alberto Fernández, su ex secretaria María Cantero, el ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano, y el broker Héctor Martínez Sosa. La pericia determinará las comunicaciones frecuentes entre los implicados. Además, se están analizando conversaciones de WhatsApp y Telegram, ya que muchos teléfonos fueron confiscados al inicio de la investigación.

Situación legal

La investigación estuvo detenida debido a una recusación presentada por Alberto Fernández contra el juez Ercolini, argumentando enemistad. La semana pasada, el juez Roberto Boico rechazó esta recusación, considerando que no se probaron los argumentos de Fernández.

En otro fallo, Boico y su colega Eduardo Farah revocaron la inhibición de bienes dictada por Ercolini contra todos los imputados, lo que fue bien recibido por los empresarios, aunque tuvo poco impacto en la situación personal del ex presidente Fernández.

Decisiones pendientes

El juez Ercolini debe decidir si autoriza a Nación Seguros a pagar comisiones adeudadas, que ascienden a cerca de 1.040 millones de pesos. De este monto, 210 millones de pesos corresponden a empresas investigadas, siendo Martínez Sosa el principal afectado con 125 millones de pesos congelados. El fiscal Carlos Rívolo opinó que solo se paguen las deudas a empresas no implicadas en la causa, lo que liberaría unos 820 millones de pesos.

Estos eventos marcan un avance significativo en la investigación, con implicaciones importantes para las partes involucradas y el desarrollo de la causa judicial.