Una vez que la situación tomó estado público -en Entre Ríos y medios nacionales- se supo que el actual gobierno provincial había hecho la denuncia por este tema a mediados de abril.

Carlos Scelzi es hijo del ex diputado y nieto del ex intendente de Concesión del Uruguay y que en las últimas elecciones fue candidato a diputado provincial por el peronismo, aunque no logró obtener una banca. Mientras que Cabrera fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables, impulsado por el ex gobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet; aunque lo echaron por ineficiente. Siempre se comentó que llegó a ese lugar también de la mano del actual senador nacional del peronismo entrerriano, Edgardo Kueider, hoy caminando por aguas turbulentas por su ambigua posición sobre la cuestionada Ley Base que está en análisis en el Senado, de hecho los rumores indican que ya habría prometido el voto positivo.

Los sucesores de Cabrera y de Scelzi (quienes son planta permanente en el puerto) son el actual titular del Instituto Portuario Provincial, Juan Enrique Ruiz Orrico; y el presidente del Ente Autárquico Puerto de Concepción del Uruguay, Marcos Di Giuseppe, quienes admitieron que la denuncia en Fiscalía fue realizada por ellos el 19 de abril, tres días después de haberla recepcionado a través de un correo electrónico.

“Presentamos la denuncia porque es deber de funcionario público hacerla ante cualquier indicio de delito que radique en la Administración Pública”, señalaron oportunamente y aclararon que “esto fue antes de que el empresario José Uriburu se presentara ante la Justicia (el 19 de abril se hizo la denuncia desde el gobierno provincial; Uriburu lo hizo la semana siguiente)”.

“También nos presentamos ante la Oficina Anticorrupción de Paraná, dónde nos informaron que no era necesario hacer una ampliación de la denuncia, sino dejar que la investigación siga su curso en el Juzgado de Concepción del Uruguay”, agregaron.

Y afirmaron que se están iniciando procesos de información sumaria por vía administrativa en el Instituto y en el Puerto de Concepción del Uruguay “para evaluar la posibilidad de apartar de sus cargos a las personas denunciadas, que forman parte de la planta de la Administración Pública Provincial”.

“En Entre Ríos ya no hay lugar para los corruptos y somos implacables en este sentido. El dinero de los entrerrianos no va a ir a parar al bolsillo de ningún funcionario. Por ese motivo impulsamos leyes como la de Acceso a la Información Pública y el Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública”, indicaron días atrás.

Sobre las declaraciones de Uriburu acerca de su imposibilidad para operar en el puerto, expresaron: “Uriburu no puede ser permisionario ni operar en el puerto porque, además de acumular deudas con AFIP y ATER, su empresa está en quiebra y, por lo tanto, se encuentra desapoderado”.

El caso

La grave denuncia salpica a funcionarios massistas, pero que continúan en este gobierno, por ejemplo al fiscal General de la provincia, Julio Rodríguez Signes, y a un exjuez laboral”.

Sobre el origen de la denuncia, todo comenzó cuando el empresario portuario José Uriburu que operaba en el puerto de Concepción del Uruguay, en el depósito fiscal, que es como una oficina de la aduana concesionada a un privado, donde se hace los trámites, se revisa la carga, salen los camiones, se precintan. Por esta operatoria el privado paga un canon al Estado, en este caso 2.000 dólares por mes, y cobra por los trámites”.

El abogado José Alberto Uriburu, en nombre de la empresa que estaba a cargo de la explotación del depósito fiscal de la Terminal del Puerto Concepción del Uruguay, realizó su denuncia el pasado 26 de abril, al mediodía, en una exposición realizada ante el Ministerio Público Fiscal, que firma el propio Uriburu y el Secretario General de Coordinación de la Fiscalía, Juan Agustín Perinotto.

La denuncia realizada ante la Fiscalía de Concepción del Uruguay, involucra a los expresidentes del Ente Autárquico Concepción del Uruguay, Carlos María Scelzi (nieto) y Leonardo Cabrera y al ex juez laboral Eduardo Flores. Uriburu los acusa de cobrarle coimas, de extorsionar y armar juicios laborales para perjudicar a los concesionarios del depósito fiscal y de armar todo un entramado para beneficiarse personalmente con esas maniobras. También incluyó en su denuncia a un supuesto socio de Scelzi, llamado Gastón Tallone.