“A su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad. Y nuestro Código Penal, en su artículo 226, da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales”, argumentó el dirigente.

Según el recuento realizado por el gremio, los despidos en toda la administración pública ascienden a 11.000, un número que se acerca a los 15.000 que Milei aseguró haber alcanzado durante su gestión. Aguiar sostiene que estas cesantías masivas constituyen una violación de los derechos fundamentales de las personas.

En la víspera de la protesta, Aguiar delineó el plan de acción, que incluye un Plenario Federal con más de 1.000 delegados para intensificar el plan de lucha. Además, anunció que los trabajadores llevarán a cabo ingresos masivos y simultáneos a sus lugares de trabajo para ejercer su derecho de huelga, manifestación y reunión.

Sin embargo, en un intento por calmar los ánimos, Daniel "Tano" Catalano, secretario general de ATE Capital, aseguró que los manifestantes no buscarán la confrontación y no entrarán para causar daños.