Judiciales y Policiales
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Escondió las jeringas, pero no zafó: se reactiva la causa del escandaloso Vacunatorio VIP y citan a Ginés a declarar

El exministro de Salud fue citado para declarar en la causa de Vacunatorio VIP que investiga la distribución de las vacunas contra el COVID-19 con criterios discrecionales. (Dibujo: NOVA)

La investigación denominada Vacunatorio VIP vuelve a reactivarse tras su pronto cierre durante la gestión de Alberto Fernández. "No existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación", había sido la justificación de la magistrada para cerrar la causa en 2021.

"La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal", explicaba esa resolución, aunque más tarde se reabrió la causa. La misma tiene bajo la lupa al exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dado que durante su gestión se inocularon a miles de personas ajenas a las prioridades de aquel entonces.

El próximo 16 de abril, el extitular de Salud deberá presentarse a declarar en el expediente que encabeza la jueza María Eugenia Capuchetti donde está acusado de abuso de autoridad y peculado. Si bien, la indagatoria estaba prevista para agosto del año pasado, debió postergarse luego de que el exfuncionario lo solicitara bajo la justificación de que se encontraba con problemas de salud.

Desde febrero, varios exfuncionarios de la gestión de Alberto Fernández vienen declarando, entre ellos se encuentra Alejandro Salvador Costa, entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias; María Elena Borda, exjefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas; y Graciela Torales, ex jefa de Coordinación de atención a Pacientes del mismo hospital.

Una vez que finalicen las declaraciones, la jueza Capuchetti evaluará si corresponden o no los delitos de los que fueron acusados y, en el caso de que sea afirmativo, allí se aplicará una condena.

La defensa de los funcionarios acusados se ajusta a aquella frase del expresidente que indicaba que no hubo delito porque no es ilegal "saltearse la fila". Sin embargo, para la justicia este accionar por parte de los funcionarios públicos, en un contexto de emergencia por pandemia de coronavirus, incurre al delito de abuso de autoridad y peculado.

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