Cejas sostiene que estas familias, descendientes de trabajadores del ferrocarril, adquirieron los terrenos. Las familias tuvieron opción de compra de las viviendas (Ley 24.146) durante esos años, incluso con descuentos en los recibos de sueldo de los trabajadores ferroviarios. Por otra parte, se trata de territorio nacional, por lo que tampoco podría la provincia adjudicarse potestad sobre ellos y, además, la abogada indicó que “no se hizo un juicio para demostrar que haya habido una usurpación”.

Violencia policial y destrucción de hogares: testimonios desgarradores

Los vecinos afectados por no desalojar los terrenos por donde pasará el Tren Solar relataron episodios de "violencia policial, destrucción de hogares y el robo de nuestras pertenencias". Denuncian que los desalojos, que comenzaron a mediados de enero, persisten. Este sector, habitado por familias ferroviarias llegadas de distintas partes del país hace décadas, ahora busca respuestas en la Justicia Federal.

Una de las voces en este conflicto es la abogada Alejandra Cejas, quien señaló que los desalojos fueron ejecutados por el gobernador Carlos Sadir, a merced de su antecesor Gerardo Morales, mediante "denuncias falsas y el uso de la fuerza", todo para impulsar un emprendimiento comercial privado. Estos actos, según la letrada, constituyen una "irregularidad manifiesta desde el primer día".

La Justicia Federal toma el caso: gravedad institucional y cuestiones ambientales en juego

La abogada Cejas explicó que el expediente ahora está en manos del Juzgado Federal Nº2, que se abocó al amparo presentado a favor de las familias desalojadas. Además de las denuncias por violencia y destrucción de hogares, el caso involucra cuestiones ambientales. Las obras realizadas no cuentan con la autorización de los estudios de impacto ambiental, lo que agrava la situación.

La intervención federal también destaca la posible amenaza a la seguridad de los pobladores, ya que cerca del lugar en disputa se encuentra una planta reductora de gas. Cejas enfatiza la dificultad de lograr que la Justicia actúe conforme a derecho en Jujuy y celebra la intervención del Juzgado Federal. La espera de la resolución es angustiante para las familias que, según la abogada, han perdido todo y están sufriendo en las calles.

Tren Solar: negocios de unos pocos a costa del sufrimiento de los tilcareños

La obra del Tren Solar viene avanzando de manera lenta, pero se encuentra ya etapas finales y como muestra de ello, los vagones adquiridos en China llegaron en noviembre pasado a Jujuy y Gerardo Morales los encarriló para su foto final de mandato, con la expectativas de generar réditos económicos con el turismo, rubro del cual tiene muy aceitado el radical jujeño; pero también mucho dolor para las familias de Tilcara que viven hace 34 años en el barrio Estación y que ahora afrontan la decisión gubernamental de desalojarlas de sus viviendas.

Tras una denuncia falsa que se hizo correr, y como método para desalojar a las familias, el gobierno los apuró a los ocupantes de los terrenos en cuestión para que firmen un convenio y se los hostiga a quienes continúan firmes de no abandonar sus casas. En enero del 2022 el coordinador de Unidad Ejecutora Provincial del Tren Jujuy-La Quiaca, Emiliano Rodríguez, denunció en una causa penal por usurpación a las familias tilcareñas con el uso “tramposo” del Ministerio Público de Acusación y el Supremo Tribunal de Justicia provincial.

En esta línea, la abogada Alejandra Cejas explicó que las familias a quienes se pretende desalojar adquirieron “los bienes de la estación Tilcara después de la privatización de 1992. Tenían la opción de comprar la vivienda como trabajadores por la ley 24.146” que “autorizaba a la empresa Ferrocarriles Argentinos a realizar la venta”.

“Ellos quedaron como propietarios y el estado provincial tenía la obligación de hacer un inventario de los bienes remanentes de los ferrocarriles, la ley prevé 30 años para ello, la cual venció el año pasado y no hay nueva ley que haya aprobado que el estado provincial se haga cargo, por lo que quedó en manos de la Agencia (de Administración) de Bienes del Estado”.

Como su nombre lo indica, la AABE administra los bienes muebles e inmuebles del Estado nacional y como tal quedó a cargo de las propiedades del ferrocarril luego de las privatizaciones del menemismo. “La provincia de Jujuy no tiene la titularidad de las tierras por donde pasa el tren, son del Estado nacional”, explicó Cejas.

En este sentido afirmó que es “falsa” la denuncia que realizó Emiliano Rodríguez, coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial del Tren Jujuy-La Quiaca, acusando a las familias de “ocupación del predio del barrio Estación para lucrar”. Agregó que estas familias que viven desde principios de los 90 en ese lugar, “empezaron a sentir la presión por parte de funcionarios y la justicia provincial con denuncias falsas para sacarlos con amenazas y obligarlos a que firmen un convenio para reubicarlos. Sacaron una cautelar de desalojo cuando nunca hubo juicio para determinar si fueron usurpadores o no”, destacó Cejas.

En este contexto, el gobierno les ofrece instalarlas en módulos habitacionales de 3×3, con baño, pero sin servicios, cuyos integrantes manifiestan que son precarios “es sólo una habitación con un baño y cocina”, pero que ante las amenazas, algunas familias accedieron.

Esperanza ante la Justicia Federal: reclamos y testimonios desgarradores

La semana pasada, el Estado provincial fue notificado de la necesidad de remitir el expediente penal original, cumpliendo con el requerimiento para este lunes 5 de febrero. La abogada Cejas expresó su esperanza de que la Justicia Federal falle acorde a derecho para aliviar a las familias afectadas. Denunció la situación de las personas desalojadas que ahora están en las calles, algunas siendo sostenidas por familiares y amigos.

Una vecina afectada relató su desesperación ante los desalojos ilegales, destacando la brutalidad policial indiscriminada. Clamó por ayuda urgente y pidió a la Justicia Federal que "mire humanamente lo que nos están haciendo y nos ayuden a recuperar lo que nos han arrebatado injustamente". La situación en el barrio Radio Estación de Tilcara parece lejos de resolverse, pero la intervención federal ofrece una esperanza para estas familias.