La defensa de los acusados, entre los que se encuentran Martínez Sosa y otros actores de la causa, ha adelantado que presentarán escritos para refutar las acusaciones. Mientras tanto, la imputación recae sobre la participación activa en un esquema de recaudación y distribución de fondos, mediante el direccionamiento irregular en la contratación de seguros desde 2019 hasta 2023.

Este miércoles, Fernández negó las acusaciones en su declaración ante la Justicia, insistiendo en que el asunto de los seguros era un "tema menor", una afirmación que resulta más que irónica dada la magnitud de las cifras involucradas. El expresidente, en su intento de minimizar las implicancias de estos contratos, argumentó que los presidentes no intervienen en licitaciones ni en contrataciones de este tipo, algo que choca frontalmente con la evidencia de sus vínculos con Martínez Sosa y las gestiones realizadas durante su mandato.

Además, a esta serie de investigaciones se suma la reciente decisión judicial que obliga a Fernández a continuar pagando el 30 por ciento de su jubilación de privilegio, lo que representa unos 5,1 millones de pesos mensuales, para la manutención de su hijo Francisco, mientras Millones de argentinos luchan para llegar a fin de mes. Esta medida, que fue ratificada por la Justicia a pesar de los intentos del expresidente por limitarla, deja en evidencia el contraste entre los privilegios de los funcionarios de alto rango y la realidad del ciudadano promedio.

La audiencia de este jueves, con Cantero en el banquillo, promete arrojar más luz sobre los oscuros negociados que marcaron la gestión de Alberto Fernández, y como en muchas otras ocasiones, el exmandatario parece más preocupado por los tecnicismos legales que por esclarecer las graves acusaciones que lo acechan.