El legislador porteño comentó que el subsecretario de Políticas Universitarias de Javier Milei a través de sus redes sociales "públicamente menciona de manera textual su condición de funcionario como subsecretario de Políticas Universitarias y se arroga los siguientes grados académicos: Profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de Historia Económica en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM)”.

Alejandro Ciro Álvarez, el funcionario denunciado, es uno de los participantes activos en las negociaciones con las universidades por el financiamiento, además de haberse convertido en uno de los voceros públicos del conflicto entre el Gobierno actual y las grandes casas de estudio del país.

Gabriel Solano publicó en sus redes sociales fotografías de la denuncia presentada ante la fiscalía con su firma, y alegó que Álvarez "mientras desfinancia y ataca la universidad, se arroga cargos que no tiene en la misma. Por eso presentamos una denuncia en la fiscalía para que sea investigado y se crucen los datos tanto en la UBA como en la Universidad de La Matanza".

Respecto a los motivos principales de la denuncia y su posterior presentación para el público, el legislador declaró que por la propia falsificación de los datos, sumado a su participación en el ajuste a las universidades, el denunciado precisa ser separado con urgencia del cargo que ocupa ya que "esta mentira lo inhabilita moralmente para ocupar cualquier cargo".

“Llama profundamente la atención e indagan, que quien se ha paseado por diversos medios de comunicación, denigrando la función social de la universidad pública, quien a su vez forma parte como funcionario de un gobierno que anuncio que va a vetar la ley de financiamiento universitario, utilice a la universidad de Buenos Aires para jactarse de cargos que no tiene”, agregó para concluir Solano en el texto en el que presentó los hechos.

La denuncia fue patrocinada por la abogada Liliana Alaniz y recayó en el juzgado federal número 1 de Comodoro Py, a cargo de la jueza María Servini y del fiscal federal Carlos Stornelli