Las denuncias por turbación pública y el calvario de los vecinos afectados han encontrado eco en los tribunales federales, mientras funcionarios de alto nivel son señalados por su participación en estos atropellos.

El conflicto: ¿Por qué ocurre?

El conflicto comenzó en enero de 2022, cuando Emiliano Rodríguez, en ese momento coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial Tren Jujuy-La Quiaca, denunció a 16 familias de Tilcara por supuesta usurpación de terrenos en cercanías de la estación ferroviaria del barrio Radio Estación, paralela a la Ruta Nacional 9 de la entrada al pueblo. Estas familias llevaban décadas viviendo en estos terrenos, muchos con títulos otorgados por gobiernos municipales anteriores, y habían construido allí sus hogares con esfuerzo.

La causa avanzó por los circuitos de la Justicia provincial sin mayores inconvenientes pero sin elevarse a juicio jamás y por tanto no existe una condena sobre los propietarios de los inmuebles en disputa que finalmente serían desalojados, exceptuando aquellos que aceptaron ser reubicados en módulos habitacionales de 3x3 en otra zona del pueblo.

A pesar de la ausencia de un juicio de desalojo y de pruebas concluyentes que respalden las acusaciones del Estado, las familias fueron desalojadas de manera violenta. Este desalojo se llevó a cabo con la complicidad del sistema judicial jujeño, bajo órdenes del fiscal Fernando Alancay y el juez de control número 3, Salvador Gustavo Ortiz. El procedimiento judicial omitió varios pasos legales esenciales, lo que llevó a la defensa de las familias a denunciar un trato injusto y una animosidad manifiesta por parte de las autoridades.

El papel de los funcionarios provinciales que no funcionan

La situación se agrava con la revelación de que cinco de los terrenos en disputa están registrados a nombre de Pablo Civetta, presidente del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana (EARPU). Civetta, señalado como uno de los principales promotores del proyecto de expansión ferroviaria, está directamente implicado en la usurpación de tierras que se presentó como un desalojo legal a familias que desde más de 30 años les pertenecen dichas parcelas. Esto plantea serias dudas sobre los intereses reales detrás del proyecto ferroviario, sugiriendo que el tren es, en realidad, una pantalla para la apropiación privada de tierras.

¿Cómo se llegó al despojo en el barrio Radio Estación Tilcara?

El Gobierno de Jujuy ha llevado a cabo una serie de desalojos en Tilcara para expandir el proyecto ferroviario de la Quebrada, Tren Solar. Aunque el tren fue promovido como una herramienta de revitalización turística, la realidad es que el proyecto ha implicado el desplazamiento forzoso de familias, la usurpación de tierras, y la violación de derechos ciudadanos. También están implicados actores judiciales, como el fiscal Fernando Alancay y el juez Salvador Gustavo Ortiz, quienes han facilitado los desalojos con un proceso judicial plagado de irregularidades.

Los primeros episodios ocurrieron en enero de 2022, cuando se presentaron las primeras denuncias por usurpación contra las familias. El conflicto ha escalado desde entonces, alcanzando su punto más álgido en enero de 2024, con el violento desalojo de las familias y la demolición de sus viviendas.

El conflicto se centra en el barrio Radio Estación de Tilcara, una localidad en la Quebrada de Humahuaca. Este área ha sido el objetivo de la expansión del tren eléctrico, un proyecto que ha desatado tensiones entre las autoridades provinciales y los residentes locales.

El Gobierno de Jujuy justifica las acciones bajo el argumento de que el tren es un proyecto vital para el desarrollo turístico y económico de la región. Sin embargo, detrás de este discurso, se esconden intereses privados y la apropiación indebida de tierras, tal como lo demuestra la inclusión de terrenos a nombre de funcionarios provinciales.

Desalojos violentos y represión

Los desalojos han sido llevados a cabo con una extrema vehemencia, bajo la mirada atenta de altos funcionarios provinciales como el ministro de Seguridad, Guillermo Corro. Las familias han denunciado la brutalidad del operativo, que incluyó la demolición de viviendas, cortes de servicios y la imposibilidad de circular libremente por el área afectada. Omar Galán, uno de los vecinos desalojados, describió la situación como "una pesadilla", y relató cómo los policías intimidaban constantemente a los residentes, creando un ambiente de terror en la comunidad.

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Declaraciones como las de Isabel, otra vecina afectada, ilustran la magnitud del sufrimiento que ha causado este conflicto: “Tengo tres hijas y nietos. Vivo hace 10 años aquí. El municipio me dio un título. Yo edifiqué mi casa como pude. Estamos alejados, no molestamos. Esto es para los negocios de los políticos, pero a nosotros no se nos deja trabajar en estos terrenos”.

Declaraciones opuestas y contradicciones gubernamentales

El ministro de Turismo, Federico Posadas, ha intentado minimizar el impacto del conflicto, asegurando que las familias fueron debidamente reubicadas y que los estudios de impacto social y ambiental se realizaron correctamente. Sin embargo, estas declaraciones han sido duramente refutadas por los vecinos afectados y sus abogadas, quienes han aportado pruebas documentales que evidencian lo contrario.

Además, las palabras de Posadas generan aún más controversia al tildar de "usurpadoras" a familias que cuentan con posesión de los terrenos desde hace décadas, muchas con títulos de propiedad otorgados por el propio Estado jujeño.

El rol de la Justicia Federal

A medida que el conflicto se intensificaba, las abogadas de las familias afectadas decidieron recurrir a los tribunales federales, buscando un recurso de amparo. Tal como publicó NOVA (https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2024_2_6&id=135043&id_tiponota=10), en febrero de 2024, el fiscal Carlos Colonnese determinó la competencia de la justicia federal sobre el caso, argumentando que los acuerdos alcanzados bajo la Ley número 24.146 validaban la posición de las familias y que la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación era necesaria.

No obstante, el gobierno de Jujuy ha continuado con la expansión del proyecto ferroviario, ignorando las órdenes judiciales de no innovar. Esta desobediencia a los fallos judiciales federales es otro ejemplo más de cómo las autoridades provinciales están dispuestas a avanzar a cualquier costo, sin importar las implicancias legales o humanas.

Impacto social y político

El conflicto no solo ha tenido repercusiones a nivel local, sino que también ha generado una profunda división entre la población de Jujuy y las autoridades provinciales. Mientras algunos sectores apoyan el proyecto ferroviario por su potencial turístico, muchos otros ven en él un símbolo del despojo y la injusticia.

A nivel político, el conflicto ha puesto en evidencia las tensiones internas dentro del Frente Cambia Jujuy, especialmente entre aquellos que priorizan el desarrollo económico y quienes están comprometidos con la defensa de los derechos humanos.

El tren, símbolo de despojo y vulneración de derechos

El proyecto ferroviario de Jujuy, en su afán por reactivar el turismo, ha desatado una serie de conflictos sociales y legales que ponen en entredicho las verdaderas intenciones del gobierno provincial. Lejos de ser una herramienta para el desarrollo, el tren se ha convertido en un símbolo de despojo y vulneración de derechos para las familias de Tilcara. Las acciones del Gobierno, lideradas por funcionarios corruptos y un sistema judicial cómplice, son un ejemplo flagrante de cómo los intereses privados pueden prevalecer sobre el bienestar de los ciudadanos.

Es imperativo que las autoridades provinciales y nacionales actúen para garantizar que los derechos de los ciudadanos jujeños sean respetados y que proyectos de desarrollo, como el tren eléctrico, no se conviertan en excusas para la usurpación de tierras y el desalojo forzoso de familias vulnerables.