Se trata se una maniobra muy similar al proyecto que envió en presidente Joe Biden en Estados Unidos, y de la misma manera se propone imponer una tasa impositiva mínima del 15 por ciento sobre este umbral de empresas. Esto no hará más que seguir alentando el éxodo de las operaciones de estas firmas en el país.

En la práctica, el impuesto funcionará como un fuerte recargo sobre otros que ya existen. Se calculará a partir del resultado contable de las empresas, que surge de los estados contables auditados con todas las regulaciones que ello implica en Argentina (por ejemplo los requisitos para poder actualizar los balances por inflación).

Una vez que se realizan estas calibraciones, sobre la base del resultado contable es posible deducir los quebrantos señalados en años anteriores, y solo en una tercera instancia se llega a un "resultado impositivo" sobre el cual se aplica Ganancias (que en Argentina mantiene una tasa del 25 al 35 por ciento).

Luego se sustraer las deducciones correspondientes a Ganancias (quebrantos, amortizaciones, etc) se aplica la tasa sobre em "resultado neto sujeto a impuesto" y se llega al "impuesto determinado".

La tasa adicional del 15 por ciento adicional no se aplicará sobre este monto, sino que directamente se computará sobre el balance de resultados original sin importar los quebrantos ni cualquier otra deducción relevante.

Esta operatoria sigue la misma lógica que el impuesto de Biden, pero con la diferencia que la productividad y la competitividad fiscal de Estados Unidos es holgadamente superior a la que tiene Argentina, por no mencionar las condiciones macroeconómicas que ofrece el país para hacer negocios.

Argentina podría sufrir una fuerte profundización que ya se viene observándo desd hace casi cuatro años. En lo que va de la presidencia de Alberto Fernández más de 25 empresas multinacionales abandonaron sus operaciones en el país, por lo que la base imponible que propone Massa se achica cada vez más.