Si bien salta a la luz que “la banda de los copitos” que intentó matar a la vicepresidente parece integrada por personas que dan serias muestras de no tener exactamente todos los patitos en fila dentro de sus cabezas, desde el kirchnerismo persiguen fantasmas y sacan a la luz conexiones improbables para inculpar a la oposición.

En esta línea, en su primera presentación ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti, la querella Cristina, encabezada por José Manuel Ubeira, entregó datos y pidió que se investigue un posible hilo conductor que parte de un mensaje o una llamada de Gabriel Carrizo y que estaría ligado a un referente del PRO.

También habría requerido medidas destinadas a rastrear cómo y de quién obtenía financiamiento el grupo que supuestamente vendía copos de azúcar. Carrizo aparece como una figura con liderazgo en el intento de asesinato de la vicepresidenta y no sólo hablaba del tema con Brenda Uliarte, quien según el juzgado fue la persona que adquirió la pistola Bersa calibre .32 que utilizó Fernando Sabag Montiel, sino que después del ataque seguían tramando planes para matar a CFK. Su abogado había planteado la nulidad como prueba del contenido de su teléfono, pero el pedido fue rechazado por la jueza Capuchetti.

Las cuatro personas detenidas hasta ahora -Sabag Montiel, Uliarte, Carrizo y Agustina Díaz- aparecen comprometidas en distintas dimensiones del intento de magnicidio mismo (la tentativa del homicidio, la planificación, la inteligencia previa en la zona o el encubrimiento), pero desde el kirchnerismo además buscan demostrar que estuvieron motivados o convocados por alguna organización o alguien vinculado a alguna agrupación y pretenden determinar cuál era su fuente de recursos. La pesquisa trata de reconstruir lazos más allá de ese núcleo.

La información entregada por la querella intenta dirigir la investigación hacia las filas o las cercanías de un sector de Juntos por el Cambio. Aluden como prueba a la coincidencia de que dos de los abogados de Carrizo están vinculados a esa fuerza política: Gastón Marano trabajaba hasta esta semana como asesor de Ignacio Torres, senador por Chubut y miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia; y Brenda Salva,quien había sido designada en mayo como asesora de la diputada del PRO Karina Ethel Bachey. Ambos fueron desvinculados de esos cargos.

Los vínculos con Revolución Federal

Por otro lado, los detenidos, según la querella, han mostrado sus simpatías por agrupaciones de ultraderecha, participaban de grupos de whatsapp opuestos al gobierno y en ciertos casos con expresiones filo nazis. Uliarte en particular estuvo presente en la marcha de las antorchas del 18 de agosto, que tenía entre sus organizadores a la agrupación Revolución Federal, la cual califican como “violenta”.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi venía investigando incitación al odio y la violencia por parte de esa agrupación, cuyos integrantes pedían "cárcel", "bala", "muerte", entre otras cosas. El viernes a última hora decidió mandarle el expediente a Capuchetti señalando posibles conexiones con el intento de magnicidio y advirtió que no se puede considerar que “el plan delictivo haya finalizado ni descartar que se vuelva a intentar respecto de la vicepresidenta o de otros funcionarios”.

Un círculo vicioso

Es lamentable que lo que fue un hecho sumamente serio y repudiable, termine volviéndose una herramienta para utilizada por el Gobierno y sus actores afines con fines persecutorios hacia dirigentes políticos y periodistas. En vez de llamar a la paz y buscar un cambio en la deteriorada situación social del país, los embates del kirchnerismo no hacen más que echarle leña al fuego. Esta actitud termina generando un círculo vicioso, en el cual la violencia propicia más violencia.