La educación no es la excepción. Entre el "Gobierno de Científicos" que prometió y la realidad de la misma, sobre todo la universitaria (el ámbito de acción de esos científicos aludidos por el Presidente), hay un abismo.

Si bien el recorte presupuestario proyectado para Educación en el 2023 está en sintonía con la tendencia de los últimos 10 años, en que la mitad de los presupuestos nacionales implican ajustes que redujeron drásticamente los ingresos de los trabajadores. Esta vez el riesgo es aún mayor, ya que peligra la continuidad de las becas, contratos y servicios.

Pese a que regularmente se admite que resulta indispensable revertir la declinación sistemática de la educación en la Argentina, el Presupuesto 2023 estipula un recorte en educación que llegará al 15,5 por ciento, índice que duplica el recorte que sufrirá la administración pública nacional.

Siguiendo con la política del "pobrismo", la propuesta presupuestaria para el año próximo proyecta un crecimiento del PBI del 2 por ciento, una inflación del 60, y más de un 70 de los recursos (casi toda la torta) para gastos sociales.

Marcelo Rabossi, de la Universidad Torcuato Di Tella, afirma que: "La reducción del presupuesto nacional destinado a Educación no es algo que sorprenda, sí algo que preocupa. Parte importante de dicho presupuesto sostiene a las 61 universidades nacionales. Hoy, en términos relativos, Argentina gradúa la mitad de profesionales universitarios que Chile. Y en un mundo donde el mercado laboral requiere más y más saberes, la baja presupuestaria solo delinea un futuro que resulta incierto".

Si bien el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se expresó de acuerdo con el proyecto enviado por el ministro Sergio Massa para el 2023, que prevé incrementos del 90 por ciento para gastos de funcionamiento de las instituciones de educación superior, su ejecución no asegura la continuidad de becas y programas de desarrollo dentro de las instituciones académicas.

Para el ex ministro de Educación de Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro, "los mayores recortes en este presupuesto educativo se dan en áreas como universidades y becas para estudiantes. Sectores que ya hoy están manifestando dificultades no para desarrollarse, para crecer, sino para afrontar los gastos esenciales de funcionamiento como los servicios".

Finocchiaro alerta además que: "Es imposible precisar de cuánto será, en realidad, la caída en el partidas educativas, si 15,5 por ciento como calcula Argentinos por la Educación o 19,53 como nos da a nosotros a partir de la última actualización, porque en todas esas estimaciones juega un papel preponderante la inflación, que es el drama de este país".

Y agregó: "Las correcciones a valores constantes están hechas a partir de la optimista proyección del Gobierno que, como pasó este año, está muy lejos de la realidad. Toda diferencia empeorará las cuentas. Sí hay una cosa innegable: estamos ante un presupuesto a la baja, ante un ajuste".

El recorte al presupuesto educativo es una constante, más allá del signo político que ejerza el Gobierno. Y no sólo se trata de la drástica reducción de los ingresos. Los empleados de las universidades nacionales denuncian también la creciente inseguridad que impera en los predios de las unidades académicas y manifestaron: "El presupuesto está congelado desde hace dos años y, para hacer frente a los compromisos asumidos, los funcionarios encargados de la gestión de los recursos se vieron obligados a recortar gastos relacionados a las movilidades, traslados e incluso seguridad privada contratada para los predios que ocupan las unidades académicas".

La inquietud respecto del futuro es mayúscula. "No tenemos certezas de lo que va a suceder con los contratos que finalizan a fin de año y la renovación de las becas ya que el panorama es complicado", reconocen desde el sector gremial.

No es para menos. La Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, establecía que el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no debe ser inferior al 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En los últimos años, esa disposición sólo se cumplió durante el último año de Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El Informe "Presupuesto educativo nacional 2023", de Gabriela Catri y Martín Nistal del Observatorio de Argentinos por la Educación y Javier Curcio (FCE/UBA, IIEP BAIRES-UBA CONICET), alerta que, pese a su importancia fundamental para sembrar el futuro de los argentinos, Educación es uno de los seis ministerios a los que se impondrá un mayor nivel de ajuste.

Para completar el cuadro de la gravedad que implica la decisión adoptada, debe destacarse que el Presupuesto Educativo de 2023 es el segundo más bajo registrado en los últimos 11 años (el que lo supera es el de 2020).

Las bajas interanuales en Educación en los últimos 10 años presentan ajustes interanuales en 2014 (-2,9), 2018 (-9,2), 2019 (-6,9), 2020 (-15,6) y 2023 (-15,5). A partir de estos indicadores, no puede sorprendernos el declive de la educación en nuestro país, más allá del signo político que gobierne en los últimos años.

Así las cosas, el "Gobierno de Científicos" de Alberto Fernández tuvo el mismo destino que la "heladera llena", "la vuelta del asado" y el "volver mejores": se convirtió en combustible de la política de ajuste impuesta por el FMI e instrumentada por sus terminales locales.