"El Presto” quedó en el centro de la escena luego de ser detenido en septiembre del año pasado, durante un allanamiento en la ciudad de Córdoba, acusado de amenazar de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández a través de un tuit en el que decía: “No vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo”.

A pesar de la libertad de expresión que rige en un país democrático como la Argentina, en el que incluso los políticos se dan el lujo de amenazar a quien piense distinto, en aquel momento alegaron "resistencia a la autoridad" y "desobediencia en flagrancia durante el proceso de allanamiento".

Más tarde, Prestofelippo fue imputado por el fiscal federal N° 2 de Córdoba Maximiliano Hairabedian, quien le adjudicó los delitos de “incitación a la violencia colectiva y aliento al odio de personas por sus ideas” y “amenazas”, en respuesta a una denuncia que había presentado la legisladora cordobesa Gabriela Beatriz Estévez. Luego, la acusación quedó a cargo del fiscal general Carlos María Casas Nóblega.

En diciembre de 2020, el juez federal N° 2 Sánchez Freytes dictó el sobreseimiento del periodista por entender que ambos hechos no configuraban las figuras penales.

Sin embargo, esta semana la Justicia -representada en este caso por Liliana Navarro, Abel Sánchez Torres y Eduardo Ávalos- decidió revocar el sobreseimiento en el segundo hecho (el posteo contra CFK) y le ordenó a Sánchez Freytes que lo procese por ambos delitos. Hechos que no hacen más que confirmar el intento de censura por parte del sector del oficialismo más arraigado en la ideología kirchnerista.