Asimismo, consideró que "corresponde limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia".

A partir de ahora la AFI tampoco podrá "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".

Además, tendrá prohibido "revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial".

Por otro lado, el Ejecutivo derogó el decreto 656/16 por el que el gobierno de Mauricio Macri eliminó el régimen que obligaba a darle transparencia al manejo de fondos de ese organismo, al que Fernández consideró como “un retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional”.