El encargado de manejar las finanzas electorales de la coalición gobernante no fue otro que su Jefe de Campaña, el inefable Marcos Peña, quien sumaría a las varias causas que parecen esperarlo a su salida de la Jefatura de Gabinete, la de probable “administración fraudulenta”. Eso, al menos, es lo que surge de más de 4000 correos electrónicos intercambiados entre su equipo de campaña, que harían referencia a donaciones de empresarios no contabilizadas legalmente y que excederían largamente lo dispuesto por la legislación vigente. También se consignan numerosos pagos millonarios en negro, y el desvío de fondos y recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El contraste entre las sumas consignadas en los mails de campaña y el balance presentado por Cambiemos ante la Cámara Nacional Electoral permitiría demostrar que la campaña presidencial de Mauricio Macri se financió con dinero en negro, cuya procedencia resultaría muy difícil justificar. Los primeros eventos de los cuales se sospecha que fueron financiados por ese dinero ilícito son los cierres de campaña presidencial del gobierno actual realizados en Jujuy, Córdoba y Buenos Aires. Pero a medida que se sigue investigando, la bola de nieve se incrementa sin cesar.

La trama de responsables en el manejo de ese dinero no declarado incluiría a Fanny Peña, prima del actual Jefe de Gabinete y, en aquél momento, directora General de Contenidos de la Ciudad de Buenos Aires; Luis Navarro, entonces en el Ente de Turismo porteño, quien era el encargado de “activar” cada uno de los actos en los se presentaba Mauricio Macri, y que hoy se desempeña en la Jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña.

Juan Martín De Estrada, funcionario administrativo del PRO, habría sido el responsable de efectuar los pagos durante la campaña 2015. En los correos se reiteran los términos “cash” y “de contado” como la manera escogida para abonar a los proveedores contratados para esos eventos.

El bunker de Costa Salguero –utilizado habitualmente por el PRO y Cambiemos-, registra en esa campaña pagos por 3 millones de pesos, blanqueados ante la Justicia Electoral. Pero en uno de los correos se reconoce que al menos otros 2 millones habrían sido abonados en negro a proveedores y organizadores.

En uno de los mails, enviado por Josefina Liceda Rosasco, miembro del equipo de campaña, y fechado el 23 de octubre de 2015, se informa que los proveedores “cobran gran parte el martes cash y se quedaron contentos”. Además, se puntualiza que la empresa Televaz, proveedora en el bunker de Costa Salguero, cobra “una parte en cheque y otra cash”.

De a poco, los secretos de Marquitos –y de Cambiemos en general- van saliendo a la luz, a pesar de que la Oficina Anticorrupción, conducida por Laura Alonso, haya manifestado su decisión de no controlar la gestión de su propio partido. Alonso es otra de las señaladas para realizar un extenso tránsito por la Justicia argentina a partir del 10 de diciembre. Y no se trata de ningún “Ministerio de la Venganza” ni nada por el estilo, sino la manera tradicional en que el Poder Judicial define su cronograma respecto del poder político, casi siempre de manera retroactiva.

¿Dónde quedó la promesa de la transparencia brindada por Cambiemos en las elecciones de 2015? Para quien intente encontrarla, deberá buscarla en los mismos estantes en los que se archivó la “revolución de la alegría”, la “pobreza cero”, el “fin del impuesto a las ganancias” y “la victoria sobre la inflación”, entre otras tantas promesas que la alianza gobernante nunca se habría propuesto utilizar más que como señuelo “cazabobos” para votantes ingenuos.